Tesoreros se ‘clavan’ el recurso para mejoras, por fallas con las que opera este programa.
POZA RICA, VER.- El programa federal “La Escuela Es Nuestra” (LEEN), creado para entregar directamente a los padres de familia recursos de entre 200 mil y 600 mil pesos para mejorar la infraestructura educativa, enfrenta serias denuncias de irregularidades en su operación, donde incluso funcionarios regionales de la Secretaría del Bienestar habrían actuado para frenar denuncias contra padres de familia que desvían el dinero.
Y es que tan solo el año pasado se registraron al menos 15 denuncias promovidas por la Delegación del Bienestar en Veracruz, por malversación de los recursos de este programa, principalmente por tesoreros o tesoreras encargados de administrar el subsidio para la mejora de planteles.
De acuerdo con el testimonio de una ex integrante de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), existen evidencias de que en distintos planteles los recursos no se ejercen de manera transparente y, a pesar de los señalamientos, son los propios funcionarios de Bienestar quienes desincentivan las quejas, alentando a guardar silencio y evitando que se inicien procesos de investigación.
La falta de protocolos claros de capacitación y supervisión, aunada a la ausencia de sanciones, ha generado un ambiente de impunidad donde algunos integrantes de comités retrasan obras, condicionan decisiones o directamente se apropian del dinero, sin que exista una consecuencia real.
La situación, advierte, es más grave en regiones con presencia del crimen organizado o con estructuras políticas debilitadas, donde la corrupción y el miedo inhiben la participación de los padres y ponen en riesgo tanto la educación, como la seguridad de las comunidades.
El llamado es directo a la Secretaría de Bienestar, para que realice una revisión profunda del programa, modifique sus reglas de operación y establezca mecanismos estrictos de control, transparencia y sanción que eviten la colusión entre funcionarios y comités. De lo contrario, el programa no solo incumple su objetivo de fortalecer la educación pública, sino que se convierte en un riesgo para miles de familias mexicanas.
En una carta testimonial publicada en La Opinión de Poza Rica, una madre hace un llamado urgente a la Secretaría de Bienestar y a las autoridades federales, a revisar de fondo el programa, modificar las reglas de operación para el 2026, establecer controles más estrictos, brindar capacitación y aplicar sanciones firmes contra el desvío de recursos. Asimismo, exige que las reformas se hagan con participación activa de las comunidades escolares y no “a puerta cerrada”.