Álamo, Ver. – Por el uso indebido de recursos púbicos y promoción personalizada durante la contingencia por covid-19, el Instituto Nacional Electoral, sanciono a la diputada con Diputada Plurinominal con licencia y candidata a Diputada por el Distrito 4, Elizabeth Cervantes de la Cruz

De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió imponer medida cautelar, tras de las investigaciones preliminares que la autoridad electoral realizo, la cual se inició de oficio un Procedimiento Especial Sancionador, debido a que las acciones realizadas por la legisladora, tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los procesos electorales, federal y locales.

Lo anterior, fue certificado por el INE, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, cuando el Instituto y sus órganos internos, documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.

Por lo que, en votación unánime de la Comisión, las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, ordenaron a Elizabeth Cervantes de la Cruz, que se abstuviera de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, ya que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sus publicaciones contenían elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.

Además, el INE realizó un exhorto a las personas que ejercen cargos públicos para que su conducta se ajuste en todo momento al marco constitucional, porque derivado de un análisis preliminar se consideró que, “estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realizarán las acciones necesarias y suficientes, para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet”.