Monterrey, NL.- Continúan surgiendo casos de triangulación en el gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, encabezado por Samuel García.
En esta ocasión, uno de los contratistas principales de obras carreteras del estado también es cliente de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), donde el Gobernador y su padre son socios, recibiendo pagos por un total de 40 millones de pesos.
Las empresas involucradas en esta operación son Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA) y Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, ambas registradas como proveedores estatales con sede en Torreón, Coahuila, bajo la dirección del empresario Leobardo Arturo Flores y su familia.
PILSA ha recibido aproximadamente 380.1 millones de pesos del gobierno durante el actual sexenio, mientras que Desarrollos Inmobiliarios ha pagado 25 facturas a la firma del Gobernador y su padre por un total de 40 millones de pesos.
Este caso se suma a otros donde empresas proveedoras del gobierno se convierten en clientes del despacho del Gobernador, como el recientemente revelado caso de Suministro MYR, que recibió pagos significativos como proveedor de alimentos en penales y posteriormente trianguló fondos a la firma jurídica del Gobernador y su padre.
El gobierno de Samuel García inició el 3 de octubre de 2021 y, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, PILSA se registró como proveedor estatal en enero de 2022, comenzando a recibir contratos cinco meses después.
Desarrollos Inmobiliarios comenzó a pagar honorarios al despacho del Gobernador en marzo de ese mismo año, tres meses antes de que PILSA obtuviera su primera licitación.
Según documentación obtenida por Grupo REFORMA, PILSA ha firmado al menos tres contratos con el Estado, incluyendo la modernización de tramos en la Carretera Monterrey-Colombia y la Autopista al Aeropuerto, así como la rehabilitación del Anillo Periférico, sumando un total de 452.7 millones de pesos facturados, de los cuales 380.1 millones son vigentes.
Los pagos registrados en el sitio de transparencia del Gobierno hasta diciembre del año pasado alcanzan los 353.4 millones de pesos para este contratista.
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