Rosalba Hernández Hernández, próxima presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, contempla posibles ajustes salariales para magistrados y jueces como parte de la política de austeridad que continuará en la nueva administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Desde hace cinco años, el Poder Judicial veracruzano ha aplicado recortes voluntarios, alineándose a los límites constitucionales en materia salarial. Este enfoque ha sido reconocido previamente por el Poder Ejecutivo y se ha mantenido como parte de la estrategia de contención del gasto.
Aunque los sueldos ya han sido modificados en años anteriores, se considera la posibilidad de implementar nuevas medidas de austeridad, manteniendo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
En cuanto a las condiciones laborales en juzgados y tribunales, la próxima presidenta señaló que el tema será revisado una vez que los nuevos magistrados y jueces entren en funciones. Actualmente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre continúa en la presidencia del TSJE hasta el 31 de agosto.
Uno de los principales compromisos de la siguiente gestión será trabajar en el fortalecimiento de la justicia pronta y expedita, en respuesta a las demandas ciudadanas que exigen mayor eficiencia en la impartición de justicia.
Respecto al proceso electoral judicial que llevó a su elección, se informó que la etapa de impugnaciones aún no ha concluido. La última palabra sobre el resultado la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que se esperará a que esta instancia emita una resolución definitiva antes de formalizar el nombramiento.
Se anticipa que esta nueva etapa para el Poder Judicial de Veracruz estará marcada por una mayor vigilancia social, ya que la elección de la magistrada presidenta provino de un proceso abierto a la ciudadanía, lo que implica mayores niveles de exigencia y escrutinio público.
