En 1930 Álamo iba a ser reubicado a Chapopote Núñez, libre de inundaciones, pero se privilegió intereses privados sobre el bienestar colectivo, revela Cronista.
Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- La ubicación actual de la ciudad de Álamo Temapache no fue una casualidad dictada por la naturaleza, sino una imposición derivada de intereses políticos y económicos que ignoraron advertencias históricas sobre el riesgo de inundaciones.
Así lo sostiene con sus investigaciones documentadas el licenciado José Gabriel Gómez Corrales, cronista municipal, quien recuerda que hubo un momento clave en que la ciudad pudo haberse trasladado a un sitio más seguro: la margen izquierda del río Pantepec, en la zona de Chapopote Núñez.
Según el cronista, la génesis de Álamo se remonta a 1913, cuando la compañía petrolera Penn Mex Fuel Company estableció un campamento en la margen derecha del río.
Alrededor de ese núcleo industrial comenzó a crecer una población espontánea de obreros, comerciantes y prestadores de servicios. El asentamiento se dio sobre tierra vega, fértil pero propensa a inundaciones.
En 1927, cuando Álamo fue designado cabecera del municipio de Temapache, los pobladores buscaron trasladar el centro urbano a un lugar más elevado y seguro: Chapopote Núñez.
De hecho, en 1930, el gobierno estatal emitió un decreto que expropiaba 101 hectáreas de esa zona para constituir el nuevo fundo legal. Todo indicaba que la reubicación se llevaría a cabo. Se antojaba el paraíso, la tierra prometida.
Sin embargo, la oposición de la familia Núñez Juncal, en particular de los hermanos Manuel y Arturo, frustró el proyecto. Según explica el cronista, estos hacendados tenían intereses económicos en las tierras bajas donde se asentaba el campo petrolero. Su hermana, Josefa Núñez viuda de Llorente, era la propietaria de esas tierras, y temía perderlas tras haberse afectado por la creación de ejidos.
Con respaldo político y posiblemente vínculos de parentesco con el entonces gobernador Adalberto Tejeda, lograron que en 1931 se emitiera un nuevo decreto que anulaba la expropiación previa y reafirmaba la ubicación original de la ciudad, bajo una lógica controversial: se reconocía el riesgo de las inundaciones, pero se consideraba más importante que los campesinos no tuvieran que cruzar el río Pantepec para atender sus cultivos.
Así lo expresa el decreto de 1931:
“…se ha resuelto que el fundo legal se localice definitivamente en la margen derecha del río […] y que presenta la ventaja de no afectar ningún pozo petrolero.”
Para el cronista Gómez Corrales, esta decisión representó un punto de no retorno en la historia urbana de Álamo. Y no hubo marcha hacia la historia de desastres naturales.
Desde entonces, las inundaciones han marcado a generaciones: la del 30, la del 54, la del 55, la de 1999, entre otras de años recientes. Son fechas que se recuerdan por su devastación, pero cuyo origen se remonta a una decisión administrativa que ignoró el riesgo en favor de intereses privados.
El imaginario podría recrear una ciudad mucho más próspera en la margen izquierda del caudaloso río Pantepec, más atractiva para todo tipo de inversionistas por la seguridad del entorno. Pero por decreto no fue así.
Este análisis evidencia cómo la planeación urbana puede estar supeditada a factores que nada tienen que ver con la seguridad o el bienestar público. En el caso de Álamo, el peso de aquella decisión histórica sigue cayendo como tromba en cada temporada de lluvias, como una deuda con la lógica y la protección civil que aún no ha sido saldada.
“Pareciera entonces que fueron las circunstancias del destino las que ubicaron la ciudad de Álamo en este lugar para ser presa de las inundaciones; pero eso no es verdad, no ha sido el destino sino la indolencia de quienes en su tiempo gobernaron y los intereses mezquinos de los entonces hacendados”, sentencia Gómez Corrales.
