Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Elízabeth Morales García, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que los ayuntamientos cuenten con cabildos abiertos y públicos, para respetar un derecho fundamental de todos los veracruzanos: el derecho a la información.
En ese sentido, destacó que contar con cabildos abiertos y verdaderamente públicos representa el respeto a un derecho fundamental de todas y todos los veracruzanos: el derecho a la información.
“Con el inicio de nuevas administraciones municipales en Veracruz, también crecieron las exigencias ciudadanas de gobiernos más transparentes, cercanos y visibles, dejando atrás prácticas donde las decisiones públicas se tomaban lejos de la población”, expresó.
Morales García lamentó que aún existen ayuntamientos donde las sesiones de cabildo no se transmiten; se limita a ciudadanos y medios grabar o realizar transmisiones en vivo e incluso hay municipios donde las sesiones no se realizan de manera adecuada y posteriormente sólo se busca que síndicos y regidores firmen actas previamente elaboradas.
Enfatizó que el cabildo no fue creado para simular acuerdos, sino para debatir, deliberar y tomar decisiones públicas frente a la ciudadanía, ya que en estas sesiones se aprueban obras, recursos públicos, reglamentos y acciones de gobierno que impactan directamente a la población.
La iniciativa presentada busca garantizar la máxima publicidad en las sesiones públicas de cabildo y de las comisiones edilicias, permitiendo que cualquier persona pueda presenciar, grabar, fotografiar, videograbar, transmitir en tiempo real y difundir las sesiones sin necesidad de autorización previa.
Asimismo, subrayó que esta propuesta cuenta con sustento constitucional y jurídico, respaldado por criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen la obligación de las autoridades de privilegiar el principio de máxima publicidad y garantizar el acceso a la información.
“La iniciativa no pretende generar desorden ni afectar el funcionamiento de los ayuntamientos, ya que contempla límites razonables para garantizar el desarrollo adecuado de las sesiones y proteger derechos de terceros”, concluyó.