VERACRUZ.- Un juez federal concedió una suspensión provisional para obligar a diversas autoridades federales y empresas a atender, contener y remediar los daños provocados por un derrame de hidrocarburos en las costas del estado de Veracruz, donde además persiste la incertidumbre sobre el manejo de más de 800 toneladas de residuos contaminantes recolectados tras el incidente.
La medida judicial forma parte del incidente de suspensión 594/2026 derivado de un amparo promovido el pasado 6 de marzo para proteger el derecho a un medio ambiente sano, explicó el activista Juan Carlos Atzin Calderón, integrante de la organización En el corazón está el cambio.
La resolución instruye a dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina a ejecutar acciones dentro de sus facultades para contener la expansión del hidrocarburo, prevenir mayores afectaciones ambientales y remediar los daños ocasionados en la zona costera.
De acuerdo con el activista, uno de los principales problemas es que el impacto del derrame ya no se limita al mar, sino que se ha trasladado a tierra, donde parte de los residuos contaminantes ha sido acumulada sin que exista claridad sobre su destino final, pese a tratarse de material considerado peligroso por la legislación ambiental.
Atzin Calderón explicó que aproximadamente 800 toneladas de residuos derivados del derrame han sido recolectadas y trasladadas a distintos puntos del estado, lo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales debido a la falta de un plan claro para su disposición final.
Advirtió que este tipo de material no puede depositarse en rellenos sanitarios convencionales, tiraderos a cielo abierto ni enterrarse, ya que su manejo debe realizarse mediante procedimientos específicos establecidos por la normativa ambiental vigente.
El amparo también reclama la presunta omisión de autoridades para iniciar procedimientos de responsabilidad ambiental y para establecer un plan integral de saneamiento, remediación y restauración ecológica que permita atender los daños ocasionados por el derrame.
Como parte de la resolución judicial, las dependencias señaladas deberán informar en un plazo de 48 horas sobre las acciones que han realizado para atender la contingencia ambiental. Asimismo, en un máximo de 15 días deberán presentar un informe detallado sobre el avance de las medidas implementadas.