Alan García Campos, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la violencia que enfrentan las madres buscadoras de desaparecidos en Veracruz. En particular, condenó el asalto sufrido por la activista Araceli Salcedo y su hijo en la autopista Orizaba-Puebla el pasado 24 de agosto, mientras se dirigían a Ciudad de México para una cita médica.
García Campos destacó la gravedad del incidente y manifestó su preocupación por la impunidad con la que se cometen estos delitos contra quienes buscan a víctimas de desaparición, especialmente en las carreteras fronterizas del estado de Veracruz, a pesar de las aclaraciones del gobernador Cuitláhuac García sobre la ubicación del asalto.
Durante su participación en el conversatorio «Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada» de la Universidad Veracruzana, García Campos criticó la crisis de desapariciones y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades locales. Recomendó a las autoridades mexicanas proporcionar una protección efectiva a los activistas que buscan a desaparecidos en el país.
El representante de la ONU también señaló que el registro nacional de personas desaparecidas, mantenido por el Gobierno de la República, no es confiable y que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda y atención de estas víctimas. Además, instó a las autoridades a desarrollar políticas de prevención de desapariciones y a investigar adecuadamente estos delitos.
García Campos lamentó que la crisis de desapariciones en México sea una de las más complejas y dolorosas, con más de 115 mil personas no localizadas y menos de 40 sentencias por delitos relacionados con desapariciones. Advirtió que actualmente existe una permisividad para cometer estos crímenes sin consecuencias punitivas, y señaló la crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar y la falta de reparación para las víctimas.
