Los inventos jarochos de Cuitláhuac García y Rocío Nahle le han salido caros a Veracruz. Y no se trata de exagerar, porque los datos hablan por sí solos, sino de reconocer que las malas decisiones gubernamentales, sobre todo en materia de protección civil, tienen consecuencias directas en la vida de las y los veracruzanos.
El 10 de octubre, la naturaleza volvió a recordarnos que en apenas 20 minutos un desastre puede destruir lo que se construye en años, dejando pérdidas humanas y materiales millonarias. Y es precisamente en estos momentos cuando se evidencia la falta de planeación, la improvisación y el ahorro mal entendido de los gobiernos.
Durante el sexenio de Cuitláhuac García, el gobierno decidió “ahorrarse unos pesos” y elaborar por cuenta propia el Atlas de Riesgo de Veracruz, un documento técnico que debería haber sido desarrollado por especialistas certificados. El resultado fue que Veracruz no tiene hoy un Atlas de Riesgo actualizado ni avalado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). En pocas palabras, la entidad camina a ciegas frente a los fenómenos naturales.
Ahora, con la llegada de Rocío Nahle al Gobierno Estatal, la situación no pinta mejor. Tras la desaparición del seguro de daños por desastres, la gobernadora anunció la creación del “Fonden Veracruzano”, un fondo estatal que, según dijo, iniciará con 283 millones de pesos para atender emergencias como la del 10 de octubre.
Sin embargo, la realidad es otra: los daños en la zona norte superan por mucho esa cantidad. Entonces, ¿283 millones para qué sirven? Apenas alcanzan para cubrir una mínima parte de los destrozos que dejó el fenómeno natural. Veracruz ya no está para ocurrencias. Los discursos de austeridad y ahorro no pueden aplicarse en áreas tan sensibles como la protección civil, porque los costos de la improvisación son vidas humanas.
Es momento de que el Gobierno Estatal asuma con seriedad este tema. No basta con crear un fondo con nombre nuevo; se necesita una política integral de prevención, un verdadero sistema de alertamiento temprano y la actualización urgente del Atlas de Riesgo.
Lo ocurrido en octubre de 2025 debe servir como una lección amarga, no como una anécdota más que se olvida con el paso de los meses. Veracruz merece gobernantes que dejen de experimentar y comiencen, de una vez por todas, a trabajar con responsabilidad y visión de futuro.
