Nombran a Stephany Rosas como nueva Fiscal Anticorrupción en Veracruz

El Congreso local la nombró por cinco años, pese a cuestionamientos por su falta de experiencia en investigación penal; prometió actuar con autonomía y apego a la ley.

Veracruz.- Este martes, el Congreso del Estado de Veracruz designó a Stephany Rosas Méndez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para un periodo de cinco años. La nueva funcionaria rindió protesta ante el Pleno de la LXVII Legislatura, luego de recibir 41 votos a favor en una terna donde los otros aspirantes no obtuvieron respaldo.

Tras su nombramiento, Rosas Méndez anunció que su gestión iniciará con un diagnóstico integral del estado actual de la fiscalía, con el fin de revisar expedientes, estructura y procesos. Señaló que actuará con apego a la ley y reiteró su compromiso de ejercer el cargo de manera autónoma e imparcial, tal como lo establece el marco legal.

La nueva fiscal es egresada de la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Derecho y Políticas Públicas Ambientales. Su trayectoria laboral incluye cargos administrativos en Petróleos Mexicanos, la Universidad de Oriente, así como delegaciones regionales de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos y Tuxpan. Sin embargo, no ha desempeñado funciones dentro de la Fiscalía General ni cuenta con experiencia directa en la integración de Carpetas de Investigación.

El proceso de designación fue realizado con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el análisis de la Comisión de Procuración de Justicia, conforme a lo establecido por la Constitución local. El nombramiento fue comunicado a las autoridades estatales correspondientes para su conocimiento y efectos legales.

La elección generó diversas reacciones en el ámbito jurídico. Algunos especialistas en derecho han cuestionado la decisión por considerar que el perfil designado carece de experiencia técnica en materia penal y de investigación, mientras que otros observan con cautela su desempeño, subrayando la importancia de que se garantice la independencia institucional en la lucha contra la corrupción.