Ciudad de México.- Al presidente Andrés Manuel López Obrador le agrada que los acusados se acojan al mecanismo de testigo colaborador para que se llegue al fondo en los casos de corrupción, sin embargo, aclaró que esto no debe significar que se persiga o se fabriquen delitos en contra de alguien, mucho menos que haya impunidad.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, se le pidió su opinión acerca de la reciente decisión de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, que cooperará con la Fiscalía General de la República (FGR) para desentrañar la llamada Estafa Maestra, un desvío de miles de millones de pesos durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
“Es muy importante el que se esté poniendo en práctica este mecanismo de participación de los que están acusados por presuntos delitos para que actúen como testigos, y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables”, declaró temprano en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Hizo hincapié en que también “debe procurarse que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también es una injusticia y, al mismo tiempo, que si se trata de bienes sustraídos de la Hacienda pública se recuperen, que se repare el daño, eso es muy importante, hay que devolverle al pueblo lo robado”.
López Obrador dejó en manos de la Fiscalía los siguientes pasos –en su calidad de organismo autónomo– y reiteró que el compromiso de su gobierno “es no perseguir a nadie, por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Corresponde a la Fiscalía desahogar todos estos asuntos”.
Tras más de un año presa en el penal de Santa Martha Acatitla, Robles aceptó trabajar de la mano con la Fiscalía, que la imputa por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público al permitir el desvío de alrededor de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Si bien la exfuncionaria se negó a aceptar responsabilidad alguna desde el principio, esta semana cambió de opinión debido a que las autoridades judiciales estaban por acusarla de delincuencia organizada, un delito considerado grave y por el que podría pasar hasta 40 años en prisión.
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