He salido del hospital para explicar las razones de mi voto y para responder a las agresiones que he recibido en los últimos días, incluyendo las de hoy durante esta sesión.
He sido objeto de un linchamiento público como pocos han experimentado, queriendo responsabilizarme del destino de México, como si realmente estuviera en mis manos.
No está en mis manos, está en las manos de todos los mexicanos y de todos los legisladores.
Me duele la agresión, venga de donde venga, pero me ha herido profundamente la que proviene de mi propio partido.
Desde joven he luchado por la democracia desde el PAN, nunca en otro partido.
En el PAN me formé y siempre escuché que lo más importante es defender la libertad, la dignidad y vivir conforme a nuestros principios.
Por eso no puedo aceptar que se me imponga el sentido de mi voto, en ningún caso.
Nunca había visto un intento de imposición y sometimiento tan burdo en el PAN como el de estos días.
A base de amenazas y agresiones han intentado obligarme a oponerme a una reforma sin analizarla, sin discutirla, simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría.
Vivimos en un sistema representativo, y por tanto, la mayoría legislativa representa a la mayoría de los mexicanos, nos guste o no.
No estoy dispuesto a ceder ante la necedad, por eso decidí analizar a fondo y preparar un posicionamiento que a continuación expongo.
Milito en el Partido Acción Nacional porque en el centro de sus principios está el respeto a la dignidad humana y a la libertad.
En ejercicio de esa libertad, vengo a esta tribuna a razonar mi voto sobre la reforma del Poder Judicial.
Lo hago en mi condición de opositor a un gobierno con el que no he coincidido, pero soy un opositor racional, nunca un obstáculo.
Lo hago en medio de un debate que se ha pervertido, que pretende restringir nuestra libertad para obligarnos a votar de una u otra manera.
Un debate público sustentado en la preocupación por la justicia, pero también en la desinformación, en intereses políticos, en agendas personales, en fobias y en ajustes de cuentas.
Un debate público marcado por calificativos, injurias, amenazas de destrucción de imagen e incluso linchamiento físico.
Dependiendo de nuestro voto, se nos pretende clasificar como ángeles o demonios, héroes o traidores a la patria.
Ofrecen medallas y reconocimientos para quienes voten en contra de la reforma, y un «paredón» para quienes voten a favor.
¡Pero yo no estoy dispuesto a restringir mi libertad por amenazas ni presiones!
¡No vine al Senado en busca de beneficios personales, ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras!
¡Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro e igualitario, y así lo haré, a costa de lo que sea!
Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones:
Ni México se destruirá si se aprueba la reforma, ni la reforma cambiará automáticamente la realidad de un sistema de justicia que clama por un cambio de fondo.
La vida democrática no se verá afectada, ni se limitarán las libertades ni los derechos que la componen.
El riesgo de una dictadura solo existe en quienes piensan en dictadura.
Estoy seguro de que ninguno de los presentes desea para México un gobierno dictatorial.
¡Somos demócratas, de diversos colores, pero todos demócratas!
¡Y, sobre todo, el pueblo de México nunca permitiría una dictadura!
En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes:
¿Tiene la mayoría el derecho a promover un cambio estructural en uno de los Poderes de la Unión?
¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces?
¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno?
Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales, así ha sido a lo largo de nuestra historia.
Recordemos un caso.
En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del Presidente Zedillo, aprobaron una reforma de 20 artículos de la Constitución para reformar a fondo el Poder Judicial.
Vale la pena recordar su contenido:
Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones.
Se redujo el número de ministros a 11.
Se creó el Consejo de la Judicatura.
Se introdujeron las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
La votación en el Senado para los nuevos ministros propuestos por el Presidente de la República fue unánime.
Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un “golpe de Estado”.
Lo cierto es que no hubo tal “golpe de Estado”, sino que, por el contrario, México aceleró su transición democrática.
Apenas 3 años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la Presidencia de la República.
Es decir, los “beneficios políticos” de la reforma del Poder Judicial no favorecieron al régimen.
Probablemente, la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia.
Se supone que serán electos por la fuerza de una organización política y ese voto los comprometería, afectando su imparcialidad.
Pero… ¿quién nombra hoy a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Es el Senado a propuesta del Presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista.
¿Tiene también el Senado una composición político-partidista?
¡Sin duda!
Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos.
Y si el Senado no logra un acuerdo, el Presidente nombra libremente, como ocurrió la última vez, cuando el nombramiento recayó en una persona abiertamente militante de MORENA.
Antes, el Senado había aprobado el nombramiento de otra Ministra, también militante del mismo movimiento.
Hoy, de 11 integrantes de la Corte, 5 han sido propuestos por el Presidente López Obrador.
Entre este año y el próximo, se deberán designar 4 ministros más a propuesta de la Presidenta Sheinbaum, lo que daría al régimen una mayoría de al menos 9 a 2 en el Pleno, sin necesidad de reforma.
Magistrados y jueces de distrito son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control.
Debemos preguntarnos si es mejor que el Presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y, de manera indirecta, a magistrados y jueces, o si optamos por un nuevo modelo de elección popular, en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona sino a millones de ciudadanos, sin vínculo o compromiso personal directo y verificable como en el modelo actual.
Agregaría algo más: no hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la Ley de quienes resulten electos si se aprueba la reforma.
¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si ni siquiera sabemos quiénes serán?
Pongo un ejemplo presente de imparcialidad: al menos dos de los cinco ministros de la Suprema Corte propuestos por el Presidente López Obrador han aprobado resoluciones contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución sobre el poder.
Compañeras y compañeros legisladores:
Nada justifica el enfrentamiento y la polarización.
Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y armonía.
Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas, y que trabajemos juntos para construir una nueva y mejor realidad.
Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos.
Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor, sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla.
Por eso, hoy, en la decisión más difícil de mi vida, he decidido votar a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Y concluyo con lo siguiente:
No traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios.
Se requiere más valor para ir contra la corriente que seguirla.
El tiempo dirá.