Por Arturo Arellano
A pesar de su reducida población y por consiguiente, modesto presupuesto, municipios con extrema pobreza acumularon un caudal de anomalías y observaciones en la cuenta pública del ejercicio 2018, de acuerdo con la revisión proporcionada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Es el caso de Mecatlán, municipio ubicado en la Sierra del Totonacapan y en donde, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) lo situó en el quinto sitio de los municipios más pobres de la entidad, con un 93.00 por ciento de la población en pobreza, es decir, 10 mil 961 de los 12 mil 200 habitantes.
En este municipio, el ayuntamiento encabezado por José Manuel Marcos Juárez, recibió en 2018 un presupuesto de 55 millones 317 mil 752.27 pesos; de los cuales, 53 millones 905 mil pesos corresponden a participaciones federales.
Sin embargo, la inexperiencia y el dolo de las autoridades condujeron a acumular un presunto daño patrimonial por 3 millones 760 mil pesos, desglosado a través de 17 observaciones y 12 recomendaciones de parte del ente fiscalizador.
Entre las observaciones del Orfis destaca el hecho de acumular pasivos por 592 mil 081 pesos, sin contar con la suficiente solvencia para su liquidación.
Además, el gobierno de Marcos Juárez incurrió en un delito del orden federal al cobrar a sus empleados municipales 292 mil 887 pesos por concepto de impuesto sobre la renta, pero en ningún momento reportó tal cantidad al Servicio de Administración Tributaria.
Peor aún: el ayuntamiento de Mecatlán carga con saldos atrasados del impuesto sobre la renta por 4 millones 606 mil pesos, con lo cual extiende el monto de los pasivos del empobrecido municipio.
A la vez, el gobierno cobró a su personal 354 mil 570 pesos por concepto de impuesto a la nómina, sin embargo, solo depositó 258 mil pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, además, de este tributo existen saldos de ejercicios anteriores por 407 mil 420 pesos.
LAS COMPRAS IMAGINARIAS
Sumado a esta cadena de anomalías, el ayuntamiento de Marcos Juárez adquirió materiales para construcción, sin la documentación correspondiente y por lo tanto, no existe certeza de la transparencia de dicha compra.
De hecho, el ayuntamiento adquirió en forma anómala un terreno, sin embargo, no existe un testimonio notarial como respaldo de la propiedad, y no existe un avalúo de un perito autorizado o una entidad correspondiente.
De igual manera, el ayuntamiento gastó 250 mil pesos en “cursos”, sin contar con los expedientes para dar fe de la existencia y la impartición de tales actualizaciones. Además, el ayuntamiento no presentó el contrato de prestación de servicios, por lo tanto las erogaciones efectuadas no se encuentran justificadas.
En suma, el ayuntamiento igual compró bienes y servicios sin las licitaciones correspondientes de por medio, principalmente de equipos de radiocomunicación.
Además, el edil benefició con 19 obras a un selecto grupo de tres constructoras: Ingeniería Civil e Innovadores a la Construcción, S. A. de C. V., con adjudicación de 10 contratos por un monto total de 11 millones 755 mil 529.72 pesos; Rubén Lara García con adjudicación de 6 contratos por un monto total de 6 millones 902 mil 504.88 pesos; y Construcciones Xanat, S. A. de C. V., con adjudicación de 3 contratos por un monto total de 7 millones 582 mil 691.82 pesos.
DAÑO DE 2 MILLONES EN FILOMENO MATA
En Filomeno Mata, en donde el alcalde Pedro López Gerónimo prefiere sembrar palmeras en el parque central a cumplir con las labores de transparencia, el daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización asciende a un millón 900 mil 959 pesos.
Devoto de la nula utilidad de los “likes”, López Gerónimo es conocido por saturar la red Facebook con imágenes de sus fotos, sin embargo, sin atender las necesidades de al menos 14 mil personas en pobreza extrema, equivalente al 92.7 por ciento del total de la población.
De hecho, el ayuntamiento hizo “perdedizas” las 413 despensas y los mil 652 litros de agua enviados por la Secretaría de Protección Civil, al no existir constancia de la distribución de tales apoyos a la población vulnerable.
Y de igual manera, incurrió en la compra de bienes y servicios sin la existencia del procedimiento de licitación demandado por el ORFIS. Entre estas adquisiciones, destaca la compra de 216 mil pesos en accesorios para la seguridad pública, 325 mil 344 pesos en un vehículo nuevo y 274 mil pesos en adquisiciones de mobiliario de oficina.
En la obra pública, López Gerónimo con 28 contratos a siete contratistas: José Andrés Martínez Gómez, Yessenia Crescencio Téllez, Salvador Telles Bandala, Luis Alberto Lemun Pérez, César Itzan García Reyes, Claudia Ivette Flores Castillo, Gerson Abdi Solano Álvarez.