La diputada federal de Morena, Abelina López Rodríguez, dijo ante el pleno de la Cámara que sobornó con 20 mil pesos a un Ministerio Público para que le permitieran tener un juicio abreviado.
“¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema?, yo litigo, tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado, son ignorantes porque no saben del procedimiento”, señaló en la tribuna.
Agregó que los “verdaderos violadores de derecho” son los legisladores oposición, a quienes llamó cínicos.
La legisladora por Guerrero dijo esto durante el debate sobre el dictamen que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Luego de su intervención, la diputada fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes incluso solicitaron que el hecho sea investigado por la Comisión de Ética, al tratarse de un acto de corrupción.
Tras recibir los ataques verbales de priistas y panistas, la diputada de Morena argumentó que pagó el soborno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y aseguró tener copias certificadas que lo demuestran.
Me malinterpretaron, dice diputada
Un día después de su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados, la diputada Abelina López dijo que se malinterpretaron sus palabras y que ahora la acusan de corrupta.
“Lo que ellos malinterpretan, porque yo hablé de 20 mil pesos, y esos 20 mil pesos no los di yo. Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20 mil pesos les dije que nos dieran porque preferí irme a una herramienta legal”, dijo en un video.
“Al final yo no di nada porque yo no estoy acostumbrada a la corrupción”, insistió.
Hasta el momento, el grupo parlamentario de Morena no se ha manifestado con relación a este caso.
Al final, el dictamen que reforma y adiciona diversas normas legales, para armonizarlas con los cambios realizados al artículo 19 constitucional, en el que se ampliaron los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fue aprobado en lo general con 266 votos a favor, dos abstenciones y 127 en contra.
Entre los aspectos aprobados en el dictamen, está el de aumentar la pena para quien “dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte, interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.
En ese caso se establece una sanción de dos a nueve años de prisión y multa de “doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito”.
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