LIZ GUERRA MAQUILA TRANSA MILLONARIA

La síndica, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, entregó mediante adjudicación directa un contrato por más de 1.8 millones de pesos a Juan Francisco García Valencia solo por manejo de redes sociales, esto equivale al 150 por ciento de lo que se destinó para difusión oficial de este año.

Es decir, mientras que a nombre de la “austeridad” se reparten entre varias empresas un millón 200 mil pesos para difundir las actividades del ayuntamiento, la síndica firmó para que a una sola persona se le asigne un contrato por $1,809,600.00.

Todo esto consta en el contrato de Adjudicación Directa sin Excepción No. ADSUB-ORD-001-MPR/131/FISCALES/2022, de prestación de servicios especializados de medios de comunicación digital para el ayuntamiento de Poza Rica; la síndica firmó junto al Oficial Mayor, Marco Tulio Rivera.

Casualmente luego de este contrato la síndica comenzó a promover su imagen personal en redes sociales con diseño gráfico y videos editados.

Trabajo que, de acuerdo a fuentes consultadas al interior del ayuntamiento, realiza la empresa Cuarto Estudio ligada al proveedor Francisco García Valencia.

Todo esto expone a un marcado conflicto de intereses entre la síndica y Francisco García, a quien se le buscó una partida especial de Recursos Fiscales 2022, que excede lo aprobado en cabildo para difusión y que contradice la austeridad y el pregón de “apretarse el cinturón” del alcalde Fernando Remes.

Mientras que la síndica entrega millonarios contratos sin licitación a amigos cercanos, el pueblo tiene que conformarse con las despensas que entrega el ayuntamiento, apoyos mucho más baratos, de lo que cuesta presumirlos en redes sociales.

Mientras el ayuntamiento de Poza Rica tiene un presupuesto anual para difusión de actividades en medios de comunicación de 1 millón 200 mil pesos, la síndica a una sola empresa le suelta 1 millón 809 mil 600 pesos, es decir el 150% de lo que presupuestaron para destinar este 2022 a la difusión oficial.

Lo anterior está registrado en el contrato mediante Adjudicación Directa sin Excepción No. ADSUB-ORD-001-MPR/131/FISCALES/2022, de prestación de servicios especializados de medios de comunicación digital para el ayuntamiento de Poza Rica.

Aunque en dicho acuerdo la persona física Juan Francisco García Valencia, aparece como el “PROVEEDOR”, de manera extraoficial se obtuvo información que revela que se trata de la empresa “Cuarto Estudio”, con domicilio en la Calle 8 de la colonia Cazones.

Presuntamente la intermediaria para concebir este contrato fue la síndica única del ayuntamiento, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, pues es la representante en este acto entre la persona física, Juan Francisco García Valencia y el ayuntamiento, su firma aparece en el documento.

Las mismas fuentes que revelan información sobre la empresa de Francisco García, dan a conocer que las redes sociales de la síndica también son manejadas por esta empresa, por lo tanto es evidente que la apoderada legal del ayuntamiento se aprovecha de esta situación y también “lleva agua para su molino”, sin importarle las políticas de austeridad de la Cuarta Transformación y la Austeridad Republicana que pregona el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo el alcalde Fernando Luis Remes Garza permite este tipo de actos que van en contra de la política que maneja su gobierno, la cual consiste en evitar los gastos excesivos y desorbitantes para cualesquiera de las áreas, inclusive ha manifestado que “se aprietan el cinturón para regalar despensas”, pero esto contraviene dichos principios.

La vigencia de este contrato concluye en diciembre de este 2022, mientras que los pagos se realizan de manera mensual y se paga por el concepto por honorarios, es decir, $150,800.200 pesos, el último pago lo recibiría el 15 de diciembre.

A su vez la directora de comunicación social, Adanely Rodríguez, deja pasar por alto esta situación aún siendo sabedora que esto está dentro del presupuesto y a pesar de que el dinero proviene de la partida Recursos Fiscales 2022, claramente se excede del monto permitido para la distribución de los recursos para medios de comunicación, siendo cómplice de este acto.