XALAPA, VER.- Proveedores del Gobierno de Veracruz advierten que el daño patrimonial causado durante la administración de Javier Duarte permanece sin reparación, pese a que existieron decretos oficiales que reconocían la deuda acumulada durante su sexenio.
A pocos meses de que se defina la posible salida de prisión del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, empresarios afectados aseguran que el proceso judicial contra el exmandatario no garantizó la restitución del daño económico. Jesús Castañeda Nevares, integrante del grupo de empresas SOS, señaló que varios proveedores fallecieron sin recibir pago alguno, aun cuando la deuda fue reconocida formalmente y se establecieron mecanismos que nunca se ejecutaron.
Recordó que con la llegada del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, los adeudos fueron desconocidos bajo el argumento de la existencia de empresas fantasma, lo que obligó a los proveedores a iniciar largos procesos para acreditar la legalidad de sus servicios, sin que ello derivara en pagos efectivos.
De acuerdo con Castañeda Nevares, las empresas reclamaban inicialmente alrededor de 400 millones de pesos, aunque la deuda reconocida durante la administración de Duarte superó los 11 mil millones de pesos. Señaló que los acuerdos judiciales alcanzados por el exgobernador no incluyeron la reparación del daño a proveedores, jubilados ni pensionados afectados.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se realizaron pagos parciales y abonos limitados, pero los adeudos de mayor monto quedaron pendientes.
Actualmente, los proveedores aseguran que no han sido convocados por la administración de Rocío Nahle García ni existe un reconocimiento oficial del pasivo heredado.
Integrantes del grupo SOS indicaron que, aunque obtuvieron un acuerdo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el reconocimiento del daño, el incumplimiento ha derivado en una revictimización constante, el cierre de empresas y la pérdida de empleos, pues más del 80 por ciento de los afectados tuvo que cambiar de actividad económica.
La sentencia de nueve años impuesta a Javier Duarte concluye en abril de 2026. Mientras se acerca esa fecha, los proveedores insisten en que el caso podría cerrarse sin que se haya saldado el daño económico que marcó a cientos de familias veracruzanas.