El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó excluir a ocho aspirantes y precandidatos a presidencias municipales en Veracruz debido a irregularidades en la fiscalización de sus gastos de precampaña, incluyendo la omisión de reportes sobre egresos al órgano electoral.
Entre los sancionados con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos se encuentran Elizabeth González González, quien buscaba la alcaldía de Martínez de la Torre por el PT, y Rogelio Quiroz Pulido, aspirante del mismo partido en Poza Rica. También se le negó el registro a Alberto Silva Ramos, precandidato del PVEM para la alcaldía de Tuxpan, así como a cinco aspirantes independientes.
De acuerdo con las normas del INE, los precandidatos debían entregar sus informes de gastos de precampaña a más tardar el 24 de febrero, pero no cumplieron con este requisito. Además, el Consejo General del INE aprobó sanciones económicas para los partidos políticos involucrados, imponiéndoles una multa de 2 millones 28 mil 850 pesos.
El órgano electoral informó que, en total, recibió 390 informes de precampaña por parte de partidos políticos y 29 de aspirantes a candidaturas independientes, registrando ingresos por 6 millones 870 mil 429 pesos y gastos por 4 millones 146 mil 818 pesos.
Durante la sesión de este miércoles, la consejera electoral Carla Humphrey señaló que se recibieron 970 informes físicos o por correo electrónico de personas que manifestaron ser aspirantes a una candidatura de Morena para presidencias municipales. Sin embargo, solo en 76 casos se identificaron gastos, conforme a las verificaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, Humphrey hizo un llamado a los partidos políticos a reforzar sus mecanismos de selección de candidatos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones ante el INE.
«Las personas que aspiran a un cargo público deben cumplir plenamente con sus responsabilidades utilizando los procedimientos establecidos. Presentar los informes de manera extemporánea o fuera de los mecanismos legales podría interpretarse como un intento de ocultamiento al no reconocer la precandidatura desde el inicio», concluyó.