El exalcalde de Tihuatlán difundió una carta abierta en la que acusa tortura, detenciones ilegales y procesos judiciales fabricados; pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Poder Judicial federal y de organismos de derechos humanos.
Hipólito Moreno Tapia
Tihuatlán, Ver.- El exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, hizo pública una carta abierta en la que se declara “perseguido político” y denuncia una serie de presuntas violaciones a sus derechos humanos, que incluyen tortura, privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos, hechos que atribuye a autoridades de seguridad, procuración de justicia y del Poder Judicial del estado de Veracruz.
El documento, difundido este lunes en su cuenta personal de Facebook, está dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; a la gobernadora Rocío Nahle; a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras instancias. En él, Gómez Martínez sostiene que desde su detención en abril de 2021 ha enfrentado una “persecución política” que se ha traducido en procesos penales consecutivos, aun cuando asegura haber obtenido amparos federales que acreditan irregularidades.
En la carta, el exfuncionario afirma haber sido privado de la libertad por policías estatales, quienes, asegura, lo presentaron falsamente como integrante de un grupo delictivo. Agrega que durante ese episodio fue torturado física y psicológicamente para obligarlo a incriminarse. Posteriormente, señala, se integraron carpetas de investigación con informes falsos que derivaron en su vinculación a proceso por diversos delitos.
Gómez Martínez expone que, tras ser trasladado a distintos centros de reclusión, fue internado en un penal federal de alta seguridad en Oaxaca, donde permaneció casi dos años privado de la libertad, hasta que un juez federal le concedió un amparo. “Todo había sido una fabricación”, sostiene en el documento, al referirse a la resolución judicial que ordenó su liberación.
Sin embargo, relata que al recuperar su libertad fue detenido nuevamente por otros hechos, entre ellos un homicidio del que asegura no existir pruebas, así como un presunto despojo ocurrido en 2020. Sobre este último caso, afirma que se trata de un delito no grave, prescrito y sin sustento jurídico, pero que aun así derivó en una nueva vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva.
El exalcalde subraya que, pese a que algunas de las personas señaladas inicialmente como coautoras del homicidio han sido absueltas por jueces federales, él continúa sujeto a procesos penales y medidas cautelares. En su escrito acusa directamente a fiscales y jueces locales de actuar de manera reiterada en su contra, alargando los procedimientos y evitando que los casos lleguen a juicio.
“He decidido alzar la voz y hacer públicos estos abusos porque ya ha sido demasiado, no soy un delincuente, se me persigue injustamente”, expresa Gómez Martínez, quien también señala afectaciones graves a su salud derivadas de su estancia en prisión y de presuntos actos de tortura, entre ellos la pérdida de la audición en un oído y el padecimiento de una enfermedad crónica.
En el apartado de peticiones, solicita la intervención del gobierno federal y de organismos autónomos para que se investigue la actuación de autoridades estatales y se garantice que las instituciones de justicia “dejen de ser utilizadas como herramientas de persecución política y venganza”. Asimismo, pide que se revisen los casos de jueces y fiscales que, asegura, han validado detenciones ilegales y violaciones al debido proceso.
En la parte final del documento recalca que sus peticiones son por derecho. “No busco privilegios, solo pido justicia. El Estado no puede ser el perpetrador de los delitos que dice combatir”, concluye el exalcalde, quien responsabiliza a las autoridades señaladas de cualquier daño a su integridad física o a la de su familia.
