Gobierno de Cazones humilla a expolicías

Cazones de Herrera. – El sistema de gobierno municipal cada vez va de mal en peor, pues la seguridad pública es ya una especie en «peligro de extinción», debido a la humillación de que son objeto los elementos de esa corporación, además de que los nuevos elementos, consideran que ya no quieren ser policías porque no les están dando las condiciones que les prometieron.

Por principio de cuentas, los siete policías de la pasada administración que fueron despedidos sin justificación por la Sindica Laura Hernández Castillo y la directora del Jurídico, Marlene García Malerva -incondicional del «asesor» Galdino Diego Pérez-, y el Contralor Municipal José Antonio García Pérez, reclamaban su baja para poder ingresar a otra corporación policiaca, ya sea en Tuxpan, en Poza Rica o Papantla, pero acusan que les están negando dicho documento.

Y es que a raíz de que salió a la luz la denuncia de los afectados de que el ayuntamiento no había tramitado la baja de los expolicías, ya lo hicieron, obligados por la SSPE pero ahora el caso es que, los tres funcionarios se niegan a entregarles ese documento donde acredita que están dados de baja.

Afectados acusan que eso les afecta mucho porque ya está por cerrar la convocatoria para poder ingresar a la policía de alguno de los municipios de la región y podrían quedar definitivamente fuera y sin trabajo, «todo por la actitud de los mencionados funcionarios incluidos el alcalde Miguel Ángel Uribe Toral, que pareciera que no tiene ninguna autoridad dentro del ayuntamiento y que todo lo maneja a su antojo la Sindica Laura Hernández Castillo».

Por otra parte, los nuevos policías que sin adiestramiento, capacitación ni acreditación están fungiendo como parte de la corporación en la nueva administración, empiezan a inconformarse porque en lugar de los 6 mil 500 pesos que se pagaba por mes a los expolicías, ahora sólo les dan 4 mil pesos al mes, es decir; les quitaron 2 mil 500 pesos y sin ninguna otra prestación.

Personalidades de la sociedad entre ellos comerciantes y empresarios, aseguran que un mal salario podría generar malos policías, cometiendo actos de abuso para poder tener dinero y aunque no es justificado, lo cierto es que, quitarle salario a la seguridad pública, es el peor error.

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