Poza Rica, Ver.- Los distritos judiciales en Veracruz se han convertido en “guaridas de ladrones” donde los Fiscales venden la ley al mejor postor, mientras que los ciudadanos se encuentran desprotegidos y a merced de que si no tienen dinero, no avanzarán sus denuncias ni carpetas de investigación.
Los vicios de corrupción que han imperado desde antes que iniciara el nuevo modelo de justicia en la entidad siguen prevaleciendo, donde todo se mueve de acuerdo a los “moches” que los agraviados o en su caso familiares de delincuentes entreguen a los Fiscales, auxiliares de fiscales, peritos, y policías ministeriales.
En tanto que la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Gadiáns sigue dormida en sus laureles, siendo parte de la corrupción que sigue imperado en todos los distritos judiciales, donde se han creado verdaderos “cotos de poder” entre fiscales y auxiliares que llevan años laborando en el mismo lugar, y que bastaría con hacer una investigación para darse cuentan de los lujos con que viven, a los cuales no tendrían acceso con el puro salario que perciben.
Ejemplo de lo anterior se presenta en el distrito judicial de Misantla donde ciudadanos dieron a conocer que los Fiscales de distrito no hacen nada, sino antes no hay dinero de por medio. Al solicitar el anonimato por temor a represalias, indicaron que recientemente tuvieron un caso con una denuncia de robo a casa habitación y de un vehículo Tsuro.
Explicaron a la redacción de este medio de comunicación que los fiscales que llevaron la carpeta de investigación nunca dieron curso a la misma, hasta que de manera personal se enteraron donde se encontraba la unidad robada.
Narraron que el caso se complicó más, cuando se supo que el vehículo robado estaba en manos del hermano del comandante de la Policía Municipal de Colipa, a lo que los Fiscales del distrito de Misantla, trataron de evadir.
Para no meterse en problema los agraviados explicaron que una vez recuperada la unidad solicitaron la devolución de la misma, la cual el Fiscal de distrito retuvo por espacio de dos meses para terminar solicitando la cantidad de 2 mil pesos al propietario, para que supuestamente quitaran el reporte de robo al vehículo.
La Opinión de Poza Rica ha venido dando cuenta de la forma en que operan las Unidades de Procuración de Justicia, donde algunos fiscales, aseguran ser amigos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y que por ese hecho pueden hacer lo que quieran con la ley y con los agraviados.
Estos últimos han prostituido la impartición de justicia, pues la sociedad ya no sabe con quién acudir o negociar, pues finalmente quienes tienen en sus manos hacer valer la justicia, terminan siendo unos delincuentes, pero con “charola”.
Otro caso que se encuentra en esa misma Unidad Procuradora de Justicia distrito Misantla, es de una camioneta Kia, robada y recuperada en el mes de julio, la cual tiene 4 meses retenida por el fiscal de ese distrito Miguel Antonio Baizabal Lobato, en contubernio con el abogado Abraham Roma, a quien se le facultó para realizar el trámite de liberación.
El movimiento que debió ser realizando en un plazo no mayor a quince días después de recuperada la unidad, es tiempo que no tiene una solución favorable, mientras que la camioneta fue trasladada de Palma Sola al municipio de Cardel.
Los propietarios de la unidad solicitaran una investigación en torno al hecho y el motivo real por el cual no ha sido liberada la unidad, o en su caso, manifestaron que si se requiere dar dinero al fiscal para que ordene la liberación, así lo harán.
Lo anterior demuestra la grave situación que se vive en las Unidades de Procuración de Justicia, donde la Fiscal General, Verónica Hernández Gadiáns, debe poner orden o si no puede, renunciar al cargo que durante el tiempo que lleva le está quedando muy grande.
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