La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de desclasificación de la carpeta de investigación iniciada por el caso Odebrecht, con la publicación en su página de internet de la lista de los funcionarios interrogados por su participación en dichos contratos, y de las declaraciones iniciales que rindieron ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.
En dicha lista aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue el único de los que compareció que se negó a responder cualquier pregunta argumentando que no había hecho nada ilegal, aunque meses después se fugó. También figuran siete funcionarios que ya en el actual gobierno continúan laborando en altos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex).
En las declaraciones, que están parcialmente testadas (cubiertas en negro), los funcionarios reconocen que había cierta prisa por aprobar los contratos con Odebrecht para distintos servicios en las refinerías de Tula y Salamanca – sin licitaciones de por medio – pero todos niegan que hayan incurrido en alguna acción ilegal para esto.
La publicación de estos documentos de parte de la Fiscalía es en acatamiento a una resolución del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, en dos sesiones realizadas en noviembre de 2021, resolvió que por ser un tema de interés público y por tratarse de un hecho de corrupción, la FGR debía desclasificar esta carpeta de investigación.
Para ello, los comisionados del INAI tipificaron como una obligación de transparencia el caso Odebrecht, lo que compromete a la Fiscalía no solo a entregar la información a quien lo solicite, sino a transparentar todo el expediente en su página de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y actualizarla cada tres meses.
La publicación de estos documentos ocurre luego de una batalla legal de más de tres años, en la que la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero también la FGR ya con Alejandro Gertz Manero al frente, promovieron amparos y apelaciones para no revelar ningún dato del expediente. Al final, los jueces le negaron todos los recursos y respaldaron la posición del INAI.
Este viernes vence el plazo original que el INAI le dio a al Fiscalía para transparentar toda la información, pero autoridades ministeriales explicaron que se solicitó una ampliación para extender este plazo hasta la próxima semana.
Lo desclasificado: nombres y testimonios
La Fiscalía publicó dos de las tres cosas que el INAI le había requerido: la lista de los funcionarios y exfuncionarios de Pemex – y de otros particulares – que hayan sido citados a testificar por su nexo con los contratos a Odebrecht, y el contenido de dichas declaraciones en versión pública, es decir, con datos cubiertos de negro (testados) que se consideran estrictamente reservados.
La lista está compuesta por 22 personas que fueron citadas a comparecer principalmente entre 2017 y 2018, es decir, aun durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nueve de las personas de la lista comparecieron en dos ocasiones para complementar su testimonio inicial.
En dicha lista destaca el nombre de Emilio Lozoya Austin quien, sin embargo, prácticamente no declaró nada. Lo que las cuatro páginas de su testimonio revelan es que se presentó a comparecer el 17 de agosto de 2017 para conocer la carpeta de investigación, negar “cualquier imputación que se presente en su contra”, y reservarse su derecho a declarar.
El documento deja constancia que Lozoya se negó a responder las preguntas especiales emitidas por el Ministerio Público, con el argumento de que en el expediente “no había imputaciones en su contra”.