La unidad fue localizada en Totolapa, Tihuatlán; familiares aseguran que les solicitaron 30 mil pesos para completar el proceso de liberación y entrega
Poza Rica, Ver.— La recuperación de una camioneta que había sido reportada como robada derivó en una nueva preocupación para una familia de la colonia Petromex, cuyos integrantes aseguran haber recibido solicitudes de pago por un monto total de hasta 30 mil pesos para concretar la liberación y entrega de la unidad.
De acuerdo con el testimonio proporcionado por la familia, Pedro Daniel Marqués Hernández salió de su domicilio y posteriormente dejó la camioneta estacionada en la colonia Obrera, cerca de su lugar de trabajo.
Horas más tarde fue informado de que el vehículo ya no se encontraba en el sitio, por lo que procedió a realizar el reporte correspondiente ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Tras el reporte, se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar la camioneta en la localidad de Totolapa, perteneciente al municipio de Tihuatlán.
La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, como parte de los procedimientos relacionados con su recuperación y puesta a disposición de las autoridades competentes.
Sin embargo, según los familiares, posteriormente surgieron dificultades para concretar la devolución del vehículo.
Los denunciantes señalan que presuntamente les solicitaron 10 mil pesos por la documentación relacionada con la liberación de la unidad y otros 20 mil pesos en el corralón para poder retirarla físicamente.
La familia sostiene que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir dichas cantidades y considera necesario que se determine si los pagos solicitados corresponden a conceptos oficiales establecidos por las autoridades o si existe alguna irregularidad.
Ante esta situación, los afectados decidieron hacer público su caso a través de redes sociales y solicitaron apoyo al dirigente de Resistencia Veracruzana, con la intención de que su situación sea atendida por las instancias correspondientes.
Los familiares también hicieron un llamado a las autoridades estatales para que revisen el procedimiento y, en caso de existir alguna conducta irregular, se determinen las responsabilidades correspondientes.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una resolución oficial respecto a los señalamientos de la familia, por lo que no existe, con la información disponible, una confirmación independiente de que los presuntos cobros denunciados constituyan actos de corrupción.
El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, quienes deberán aclarar cuáles son los requisitos, costos y procedimientos aplicables para la liberación y entrega de vehículos recuperados, así como determinar si las cantidades señaladas por los afectados corresponden a pagos oficiales o requieren una investigación adicional.
Mientras tanto, la familia permanece a la espera de recuperar la camioneta y de que se esclarezca el origen y fundamento de los pagos que, aseguran, les fueron solicitados.
Redacción Reportaje Veracruzano