«Es oficial, Boris Johnson viola el derecho internacional», tituló el diario francés Libération.
Y no, no parece ser una hipérbole.
La semana pasada el gobierno británico presentó un proyecto de ley que les permitiría a sus ministros desconocer elementos del acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el mismo Johnson a raíz del Brexit.
Y, en el parlamento, el para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, reconoció públicamente que la medida representaba una violación de las obligaciones internacionales de Reino Unido.
«Sí, esto viola el derecho internacional», dijo Lewis del polémico Proyecto de Ley sobre Mercados Internos.
Pero el ministro también insistió en que solo lo hacía «en una forma muy limitada y específica».
Mucho más contundente, sin embargo, fue la opinión de los tres principales asesores legales del gobierno británico, según un documento confidencial obtenido por el diario The Guardian.
El procurador general, el fiscal general y el procurador general para Escocia coinciden en que las disposiciones contempladas en el proyecto de ley «constituirían una clara violación del acuerdo de salida y de la obligación de derecho internacional de Reino Unido de actuar de buena fe en lo que respecta a obligaciones derivadas de tratados».
La posición oficial legal del gobierno británico, sin embargo, es que «el parlamento es soberano en lo que respecta a las leyes internas y puede aprobar legislación que contravenga las obligaciones derivadas de tratados».
Aunque según un dictamen legal de la Unión Europea, sin embargo, la violación no depende siquiera de la aprobación de la propuesta de ley por el parlamento -que de hecho no está garantizada- sino que se habría hecho efectiva con la mera presentación de la misma.
Y tanto en Bruselas como en Londres se han lazado numerosas voces advirtiendo que la movida tendrá consecuencias.
Ultimátum de Bruselas
Para empezar, Bruselas ya le dio a Londres un ultimátum: o retira el proyecto antes de fin de mes o se arriesga a poner en peligro las negociaciones para un acuerdo comercial.
En un duro comunicado la UE también dijo que la situación «había dañado seriamente la confianza» entre las partes y que no dudaría en tomar acciones legales contra Reino Unido.
Las críticas a la movida del gobierno de Johnson, sin embargo, no vienen solamente de Bruselas y otras capitales europeas, sino también de su propio partido.
«¿No entienden acaso mis respetables colegas el daño que se está haciendo a nuestra reputación de probidad y respeto al imperio de la ley?», dijo el exlíder Conservador Michael Howard durante un debate en la Casa de los Lores.
«¿Cómo puede el gobierno convencer a futuros socios internacionales que se puede confiar en que Reino Unido respetará las obligaciones legales de cualquier tratado?», dijo la ex primera ministra Theresa May en otro debate en la Cámara de los Comunes.
Y otro ex primer ministro conservados, John Major, unió fuerzas con su sucesor el laborista Tony Blair para denunciar las acciones del gobierno de Johnson como «irresponsables, erradas en principio y peligrosas en la práctica».
«Cuestion la integridad misma de nuestra nación», escribieron Major y Blair en la edición del domingo de The Sunday Times.
Otros aspectos del proyecto de ley también han sido criticados por los gobiernos de Escocia y Gales, por considerar que les arrebata competencias.
Y hasta la líder de la Casa de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, entró en la discusión, advirtiendo que la medida podría perjudicar un posible acuerdo comercial con Reino Unido.
Las razones de Johnson
El gobierno de Johnson, sin embargo, ha dicho que no retirará el proyecto de ley, que insiste es necesario como precaución en caso de no llegar a un acuerdo comercial con la UE.
Las autoridades británicas también afirman que las disposiciones de la propuesta que han causado el problema son necesarias para proteger el acuerdo de paz de Irlanda del Norte, aunque la UE afirma que hace precisamente lo contrario.
Publicado por -bbc.com
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