Xalapa, Ver.- Yerros del anterior auditor superior, Lorenzo Portilla Vázquez, quedaron en evidencia con la entrega de la segunda revisión de la cuenta pública 2018 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Esto, dado que la nueva inspección elevó de 125 a 131 los ayuntamientos con observaciones en su ejercicio de las finanzas.
En el caso de los municipios se ajustó el cálculo de un presunto daño patrimonial de 329 millones 294 mil pesos a 300 millones 182 mil pesos solo en el rubro de los municipios.
En el caso de las dependencias estatales, el ente fiscalizador encontró el siguiente monto en observaciones:
La Secretaría de Seguridad Pública, con observaciones que suman mil 051 millones de pesos, principalmente por la nula instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia.
Observaciones por 7 millones 192 mil 633.66 pesos en la cuenta de la Fiscalía General del Estado.
Además de un posible daño patrimonial en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz por 2 millones 380 mil 411.85 pesos.
De igual manera continúan las observaciones por daño patrimonial en los siguientes entes: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y la Universidad Politécnica de Huatusco.
Además, en el rubro de Tecnológicos, se detectaron descuadres en las cuentas de los de Alvarado; Cosamaloapan, Tantoyuca, Xalapa y Juan Rodríguez Clara.
Además de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. Cometieron presunto daño patrimonial los tecnológicos de Acayucan, Pánuco, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Jesús Carranza, Poza Rica, Álamo Temapache, Martínez de la Torre, Misantla, Zongolica y Chicontepec.
Así como la Secretaría de Finanzas y Planeación; Secretaría de Educación; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Gobierno; la Contraloría General del Poder Ejecutivo y la Oficina de Programa de Gobierno.
Por Arturo Arellano
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