El 90 por ciento de los expedientes que se han abierto por asesinatos y desapariciones de periodistas en Veracruz, hasta la fecha permanecen en la impunidad, reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.
Lo anterior fue dado a conocer este lunes durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso del Estado, donde abundó que actualmente se da seguimiento a 12 asesinatos y tres desapariciones ocurridas de 2011 a la fecha, pero tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República se han resistido a dar acceso a los expedientes.
En su comparecencia Pérez Mendoza detalló que durante el periodo 2018, el organismo a su cargo abrió un total de 122 expedientes de procedimiento de atención preventiva y de protección para comunicadores en la entidad, de las cuales se dictaron 293 medidas para periodistas y sus familiares que han sido víctimas de alguna agresión o amenaza.
Precisó que integraron un total de 46 expedientes de carácter preventivo donde se dictaron 133 medidas y se determinaron 22 medidas que corresponden a 9 expedientes iniciados en años anteriores y que aún se encuentran activos.
Indicó que la CEAPP atendió 50 denuncias por posibles delitos de amenazas, robo, lesiones, abuso de autoridad, acoso, desaparición, privación de la libertad, engaño telefónico y daños en contra de periodistas de Veracruz.
De estas 50 denuncias 23 fueron interpuestas en las Fiscalías de 12 municipios, 21 en la Fiscalía especializada de Xalapa y 6 ante la FEADLE, ubicada en la Ciudad de México, de la cuales 46 se encuentran en trámite, en una no se ejerció acción penal y tres se encuentra en acuerdo repertorio.
Agregó que recibieron 56 solicitudes de apoyo social, de las cuales 12 fueron
sobreseídas y de las 44 autorizadas, 20 fueron de apoyo para profesionalización, ocho para reparar o adquirir herramientas de trabajo, 12 para actos que afectan la integridad como la salud, dos por gastos funerarios y dos por traslados.
EL DICTAMEN