Álamo, Ver.- Invadido desde hace tres años por integrantes de la organización campesina Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el predio El Cabellal pronto podría ser regularizado por el gobierno federal, pues la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) notificó ya sus intenciones de medición y deslinde del terreno.
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, de fecha 3 de diciembre de este año, se trata de un predio de presunta propiedad nacional con una superficie aproximada de 219 hectáreas, cuyo deslinde y medición se autorizó desde el 5 de octubre de 2018.
Reveló que la publicación se realiza a “efectos de notificación a los propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar…”
Dio un plazo de 30 días hábiles contados a partir de dicha publicación para que los interesados comparezcan para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en copia simple, acompañada del documento original para su cotejo, en términos de la fracción II del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La SEDATU advirtió que el aviso con el croquis respectivo se fijaría a su vez, en los parajes cercanos al predio.
También apuntó que “las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.”
El predio El Cabellal, invadido por la CNPA desde el 21 de octubre de 2016, colinda con el río Pantepec, con los ejidos El Súchil, Dr. Montes de Oca, Kilómetro 33 y Raudal Nuevo, y con las propiedades de Guillermo Carabeo Flores y Eduardo Castro Rangel.
Cabe mencionar que, en su momento, la Procuraduría Agraria declaró que el caso El Cabellal no estaba considerado como un conflicto debido a que el predio no cuenta con antecedentes de resolución presidencial.
Sin embargo, un conocido citricultor del ejido Agua Nacida, reclamó en sus inicios que el terreno invadido era de su propiedad, pero al paso de los meses al parecer ya no promovió denuncia o queja formal alguna.
