Xalapa, Ver.— Una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción coloca bajo severo escrutinio al alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, luego de que fuera señalado por presunto fraude, incumplimiento en la compra de un inmueble y una acusación que, de confirmarse, abriría un delicado frente sobre el posible uso indebido de recursos públicos.
La querella, ratificada por la parte denunciante, sostiene que el edil habría adquirido una vivienda ubicada en la zona de Monte Magno, en Xalapa, con un valor superior a los 3 millones de pesos, comprometiéndose a liquidarla mediante tres pagos. Sin embargo, de acuerdo con la versión presentada públicamente, únicamente habría cubierto un primer pago de 1.5 millones de pesos, dejando pendiente el resto del adeudo.
Lo que convierte este caso en un asunto de interés público no es únicamente el presunto incumplimiento del contrato, sino el señalamiento de que el alcalde habría propuesto saldar la deuda restante mediante la asignación de obra pública, una versión que ahora deberá ser investigada por las autoridades competentes.
Durante una conferencia de prensa en la capital veracruzana, Luis Antonio Burillo Arenas, representante de la familia afectada, afirmó que el presidente municipal ya tomó posesión del inmueble e incluso comenzó a realizar modificaciones, pese a que, asegura, la compraventa no ha sido liquidada conforme a lo pactado.
Según el denunciante, al exigir el cumplimiento del acuerdo, recibió una propuesta que rechazó de inmediato por considerar que implicaría aceptar un esquema ajeno a la legalidad.
«Yo no soy contratista ni debo depender de alguna licitación para recuperar mi casa», expresó durante su intervención.
La gravedad del señalamiento radica en una interrogante que trasciende el conflicto entre particulares: ¿puede un servidor público ofrecer contratos de obra financiados con recursos municipales para cubrir obligaciones privadas? Si esa versión llegara a acreditarse, el caso podría implicar responsabilidades que van mucho más allá de un incumplimiento civil y alcanzar el ámbito del combate a la corrupción.
La denuncia ya fue formalmente ratificada ante la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, instancia que deberá determinar, con base en las pruebas y conforme al debido proceso, si existen elementos para configurar algún delito y fincar responsabilidades.
Hasta el momento, Roberto Ixtla Campuzano no ha emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones, mientras que la Fiscalía tampoco ha informado sobre el avance de las investigaciones.
En un estado donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas, este caso vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia ineludible: que toda denuncia contra un servidor público sea investigada con independencia, imparcialidad y estricto apego a la ley. La presunción de inocencia prevalece, pero también el derecho de la sociedad a conocer si los recursos públicos fueron, o intentaron ser, utilizados para resolver asuntos de carácter estrictamente personal.