Esta declaración se dio en respuesta a las especulaciones de que Zambada, líder histórico del Cartel de Sinaloa, podría revelar conexiones políticas y criminales en su testimonio.
Desde la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», las autoridades mexicanas han solicitado a Estados Unidos información sobre las circunstancias del arresto y cualquier contacto previo que las agencias de seguridad estadounidenses pudieran haber tenido con los narcotraficantes.
La captura de «El Mayo», quien había evadido la prisión durante décadas, ha generado especulaciones sobre un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el que Zambada podría ofrecer información a cambio de beneficios en su proceso judicial. Este tipo de estrategias es común en la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos, donde los criminales menores suelen delatar a sus superiores.
El Cartel de Sinaloa, una de las principales fuentes de fentanilo en Estados Unidos, ha estado en el centro de la guerra contra las drogas de ese país. Zambada, de 76 años, ha sido una figura elusiva con una extensa red de contactos en la política y la seguridad mexicanas, lo que le permitió operar fuera del radar durante años.
Este caso recuerda el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, quien fue condenado en Nueva York por colaborar con el Cartel de Sinaloa durante más de dos décadas. García Luna es el funcionario mexicano de más alto perfil en ser juzgado en Estados Unidos, y su sentencia está programada para octubre próximo.
López Obrador ha utilizado el caso de García Luna como un ejemplo de la corrupción del «antiguo régimen» y ha reiterado la importancia de no ocultar nada ni proteger a nadie.
Aunque aún es pronto para confirmar un acuerdo de colaboración con Zambada, y es improbable que se haga público en esta etapa del proceso, el capo ha negado haberse entregado voluntariamente a las autoridades. A pesar de ello, fuentes de seguridad estadounidenses han sugerido que tanto «El Mayo» como el hijo de «El Chapo» mantuvieron contacto con funcionarios de ese país durante años.
El gobierno mexicano, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha buscado aclarar los detalles de la captura y si hubo participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin previo aviso, lo que implicaría una violación de la soberanía de México. A pesar de las incertidumbres, la administración de López Obrador ha optado por la prudencia, pidiendo paciencia hasta que se tenga un informe completo de Washington.