La preocupación por el impacto del crimen organizado en las empresas estadounidenses operando en México es notable entre los directivos. Según una encuesta de la Amcham, el 17% de las firmas considera que están muy afectadas por esta situación. La distribución de productos a nivel nacional, parte fundamental de la operación empresarial, se ve afectada de la siguiente manera: el 12% de las empresas reportan que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y/o precios de sus productos, mientras que un 1% menciona que este control es total en dichos procesos operativos.
En términos de percepción sobre la respuesta gubernamental, el 81% de los directivos encuestados considera que el gobierno mexicano hace poco o nada por hacer valer el Estado de derecho. Además, el 81% de los encuestados indica que hay poca o ninguna coordinación entre las diferentes instancias de gobierno responsables de la seguridad.
Estos hallazgos surgen del Sondeo de Seguridad Empresarial 2024 de la Amcham, que entrevistó a 218 ejecutivos responsables de seguridad corporativa y reveló que el 17% de las empresas han reducido sus inversiones en México debido a motivos de seguridad, mientras que un 3% ha trasladado sus operaciones a otros países.
En cuanto a las medidas adoptadas por las empresas para mejorar la seguridad, se destaca la inversión en innovación y tecnología, así como la implementación de guardias armados, patrullas de custodia y uso de GPS, entre otras acciones.
La desconfianza hacia las autoridades de seguridad es evidente: el 75% tiene poca o ninguna confianza en la policía municipal, el 67% en la policía ministerial o judicial, y el 29% en la policía estatal. Además, preocupa la frecuencia de manifestaciones, bloqueos y retención de vehículos, con un promedio de 150 puntos de bloqueo diarios en el país.
Los desafíos principales se concentran en estados como Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Nuevo León, según el sondeo.
Finalmente, las amenazas identificadas por los empresarios incluyen el acceso a información, ataques cibernéticos, infiltraciones, bloqueos y actos delictivos, reflejando un entorno de seguridad complejo y cambiante para las empresas estadounidenses en México.
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