Coatepec, Ver.- Justo cuando se encontraban realizando los trámites para que Gregorio Gómez Martínez regresara a arraigo domiciliario en el municipio de Tihuatlán, elementos de la Fiscalía General del Estado le notificaron la ejecución de una nueva orden de aprehensión, lo que impidió su egreso del penal de Pacho Viejo.
Horas antes, un juez de control había ordenado la variación de la medida cautelar, pasando de prisión preventiva a resguardo domiciliario, al no existir contingencia alguna que pusiera en riesgo su salud o integridad física, ni información vigente sobre fugas en ductos de Pemex en la zona de Tihuatlán y Poza Rica.
De acuerdo con su defensa, el exalcalde de Tihuatlán fue trasladado al penal el pasado 9 de enero, bajo el argumento de un supuesto riesgo por una fuga de hidrocarburo cercana a su domicilio, traslado que —aseguran— se realizó sin audiencia, sin permitir a la defensa proponer domicilios alternos y pese a la existencia de una suspensión federal que ordenaba mantener el arraigo domiciliario.
El abogado Luis Enrique González Lira señaló que Gómez Martínez padece una enfermedad crónico-degenerativa y que su estado de salud es delicado, aunque precisó que no puede dar más detalles por razones de intimidad. Añadió que, tras el traslado, solicitaron la revisión de la medida cautelar, misma que inicialmente fue negada al no acreditarse la viabilidad de los domicilios propuestos.
No obstante, este día el juez resolvió modificar la medida cautelar y ordenar su retorno al domicilio original en Tihuatlán, instruyendo que el traslado se realizara de manera inmediata.
Sin embargo, cuando ya se encontraban preparando la documentación para su salida, dos elementos de la Policía Ministerial acudieron al reclusorio para notificarle una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de despojo.
Según lo informado por su defensa, el nuevo proceso penal deriva de hechos ocurridos presuntamente en el año 2020, relacionados con un lote ubicado en el municipio de Poza Rica, donde se señala que Gregorio Gómez Martínez, junto con al menos siete personas más, algunas de ellas portando armas largas, habría despojado a los ocupantes de un inmueble.
El mandato de captura fue girado por un juez de control, por lo que el imputado fue puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial, celebrándose ese mismo día su primera audiencia por esta nueva causa penal.
El abogado no descartó que, aunque el delito de despojo no es considerado grave, se intente fincarle alguna responsabilidad adicional por el supuesto uso de armas largas, lo que podría derivar en la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, manteniéndolo recluido en el penal de Pacho Viejo.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.