CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, permanecerá en prisión luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por un nuevo cargo de peculado relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos, recursos que, según la acusación, estaban destinados a sectores vulnerables.
Durante la audiencia, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor ratificó la prisión preventiva justificada, lo que impedirá que Duarte obtenga su libertad el próximo 15 de abril, fecha en la que concluye la sentencia que actualmente cumple por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exmandatario haber permitido el uso indebido de 5 millones de pesos provenientes de recursos federales etiquetados para apoyar a niños, adultos mayores y otros sectores vulnerables. De acuerdo con la acusación, el dinero habría sido utilizado para cubrir nómina y otros compromisos financieros del Gobierno de Veracruz.
Según la carpeta de investigación, Duarte habría firmado un decreto que dio origen a la presunta distracción de los recursos, lo que derivó en la apertura de este nuevo proceso penal en su contra. El juez concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la fiscalía como la defensa podrán recabar y presentar pruebas.
Al término de una audiencia que se prolongó por aproximadamente 10 horas, el abogado defensor, Pablo Campuzano de la Mora, anunció que buscarán la revisión de la medida cautelar con el objetivo de que su cliente enfrente el proceso en libertad.
“La prisión preventiva que le fue impuesta fue basada en hechos que tienen más de 10 años y consideramos que eso no es suficiente, así que lo vamos a combatir”, declaró el litigante, quien adelantó que analiza interponer un recurso de apelación o promover un juicio de amparo para intentar revertir la decisión judicial.
Con esta nueva vinculación a proceso, Duarte continuará recluido mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica en relación con el presunto desvío de recursos federales.