Recortes afectan al sustento de familias, pero la presidenta viaja por varios países y derrocha en obras no prioritarias.
Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- Un total de 60 trabajadores de confianza fueron despedidos del ayuntamiento, 30 durante el lunes 30 y más este martes, en un intento de la alcaldesa morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo por equilibrar las finanzas.
A 9 meses de que concluya la administración 2022-2025, los recortes afectan al sustento de decenas de familias, pero la presidenta viaja por varios países y derrocha en obras no prioritarias, lamentaron varios de los empleados que se quedaron en la calle.
La presidenta municipal ha sido cuestionada por sus viajes al extranjero, sin que para ello haya solicitado autorización al cabildo ante sus prolongadas ausencias, habiendo visitado hasta ahora ciudades de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Alemania, con cargo al erario público.
Asimismo, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha detectado presunto daño patrimonial y se hay indicios de obras con costos inflados, como la pavimentación de 190 metros lineales de la calle Ferrocarril, con inversión de más de 8.3 millones de pesos.
Además, se llevan a cabo obras no prioritarias, como la remodelación del parque municipal y un andador, que si bien forman parte de la urbanización, no son elementalmente necesarias.
Para ajustar el presupuesto y ante la urgencia de intentar equilibrar el déficit, la presidenta ordenó el despido de 60 trabajadores, la mayoría de departamentos esenciales, como Limpia Pública, además de Eventos, Comunicación Social, DIF Municipal, Medio Ambiente, entre otras áreas.
Algunos de los despedidos indicaron que se reservan el derecho de recurrir a las instancias correspondientes, pues se trata de despidos injustificados, aseveraron.
Cabe recordar que en la transición de diciembre de 2023 y enero de 2024 ocurrió otro primer despido masivo, cuando quedaron en la calle alrededor de 40 empleados de confianza, en esa ocasión bajo el argumento de que el ayuntamiento tenía que hacer un ajuste ante la orden del Tribunal Electoral de cubrir salarios a 158 agentes y subagentes de igual número de comunidades, retribución que la alcaldesa se negó a cumplir, lo que implica una erogación anual aproximada a los 12 millones de pesos.