La administración de César Ulises García Vázquez está repleta de anomalías, arrastra más de 18 millones 293 mil 994.84 pesos, en al menos 33 observaciones, por un posible daño patrimonial a los coatzintecos. Uno de los señalamientos del Orfis es el TM-040/2022/011 DAÑ, por Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales, para ello el gobierno municipal coatzinteco pagó 1 millón 62 mil 176.55 pesos, pero no hay evidencias de que el trabajo se haya ejecutado.
Con esto, se puede inferir que el gobierno de García Vázquez simuló la contratación, pues no presentaron los alcances ni expedientes técnicos de qué servicio fue, todo estuvo fuera de normatividad, por lo que resultó improcedente el gasto efectuado. Pese a intentar solventar las anomalías, el órgano fiscalizador no pudo verificar si la programación del servicio se apegó a la normatividad aplicable y si contó con términos de referencia.
Además, no comprobaron si la adjudicación se llevó a cabo en concordancia con el marco normativo aplicable, por lo que no se hace constar si se optó por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad técnica, si se presentó la formalización del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias y si contó con las Garantías correspondientes.
Es decir, todo se hizo fuera de norma, ya que tampoco hay registros si el desarrollo de los trabajos se realizó de acuerdo a los términos de referencia, a lo programado y a plena satisfacción del Ente, por lo que no se hace constar si los trabajos realizados son congruentes con los pagos realizados que pudieran generar pagos en exceso, ni se garantiza haber cumplido con los trabajos, si se cumplió con la Entrega–Recepción y si se emitió la Garantía correspondiente.
Además, existen obras que fueron adjudicadas bajo el modo Invitación a cuando menos Tres Personas, como la rehabilitación de techado en el COBAEV 32, en las que no cuadran los montos pagados y que incluso se presume que formarán parte de la cuenta pública del 2023.
Pero tampoco proporcionaron alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni entregaron la bitácora de obra ni el Acta de Entrega-Recepción del Ente Fiscalizable a la Dependencia Normativa que la va a operar, es decir a la Dirección del plantel. Asimismo, se identificó que el proyecto ejecutivo no cuenta con las especificaciones generales y particulares; el contrato de obra en su cláusula Vigésima cuarta contraviene los parámetros establecidos para el cálculo de las penas convencionales, entre otras.
Como esta obra, hay otras entregadas bajo la misma modalidad, de las que no se entregaron en tiempo y forma e incluso se dejaron pendientes para el ejercicio 2023, la mayoría fuera de zona de atención prioritaria, sin proporcionar información de comprobación de gasto o también llamadas estimaciones de obra.
