Cansados de los presuntos actos de corrupción en que incurre la alcaldesa Guillermina Cruz Carballo, por lo menos un centenar de ciudadanos de esta cabecera municipal y de comunidades, permanecían el martes posesionados del palacio municipal, en demanda de que intervinieran autoridades superiores para atender sus reclamos.
Bajo las inclementes condiciones climáticas originadas por el paso del frente frío número 41, los inconformes, muchos de ellos adultos mayores y hasta funcionarios del propio ayuntamiento, permanecían decididos a esperar una solución favorable a sus peticiones.
De viva voz, puntualizaron que en la actual administración municipal, además de ausencia de obras, y obras de mala calidad, también existen irregularidades como desvío de recursos, nepotismo de la presidenta y del síndico, aviadores, gastos injustificados y falta de apoyo para que la Policía local realice sus funciones de manera más adecuada.
Uno de los quejosos, el director de Fomento Agropecuario, Gustavo Eduardo Hernández Zúñiga, se pronunció porque el ayuntamiento transparente su información, y de ser posible se le realice una auditoría para saber a dónde se han canalizado muchos recursos que no benefician a la población.
Otra de las demandas principales es que sean despedidos por lo menos diez funcionarios y empleados que proceden de otros municipios, como Chinampa de Gorostiza, Naranjos, Cerro Azul o Tuxpan, y que en su lugar sean contratadas personas de Tancoco.
Por su lado, mujeres participantes en la toma del palacio, ocurrida desde la noche del lunes, portaban pancartas con leyendas tales como: “Exigimos ambulancia para traslado de enfermos, no para uso personal”, “Exigimos ampliación de red de agua potable y drenaje, y mantenimiento”, “Exigimos vigilancia y seguridad por parte de la Policía Municipal…” y “Exigimos relleno sanitario y recolección de basura”.
Cabe destacar que el domingo, el síndico único, Catarino Salvador Lince, había solicitado por escrito la intervención directa del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y del propio gobernador Cuitláhuac García, debido a que el pasado 28 de febrero funcionarios del mismo ayuntamiento fueron sorprendidos incitando a la población a manifestarse en contra del gobierno municipal.
En el documento, advierte que el código penal del estado tipifica como delitos la sedición y el motín, y que los hechos ocurridos desde la noche del lunes propician “inestabilidad en la gobernabilidad de este municipio… que afectaría en su desarrollo administrativo…”.
La tarde del martes, representantes de Política Regional acudirían a dialogar con los manifestantes, entre quienes presuntamente también se hallaban el ex empleado Enrique Domingo Ramos y el abogado Armando Ramírez Castillo, supuesto asesor jurídico.