A ocho meses de las inundaciones, no existe una partida específica para atender los daños, señala diputada de la Comisión de Protección Civil.
Álamo, Ver.- Cuando se cumplen exactamente ocho meses de las inundaciones que marcaron uno de los sucesos más devastadores en la historia reciente de Álamo, no existe un fondo etiquetado para la reconstrucción, aunado a la ausencia de obras que reflejen una recuperación integral de las zonas afectadas, señaló la diputada local Indira Rosales San Román, integrante de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado.
El desastre ocurrido el 10 de octubre de 2025 dejó daños severos en la cabecera municipal, además de afectar a 55 colonias y 68 comunidades. Sin embargo, a 243 días de aquella emergencia, no existe una partida presupuestal claramente identificada para atender las necesidades derivadas de la contingencia, reveló.
La legisladora indicó que, aunque en distintos momentos se han dado a conocer anuncios sobre inversiones millonarias destinadas a la reconstrucción del norte de Veracruz, dichos recursos no se observan reflejados ni en el presupuesto estatal ni en acciones visibles para la población que resultó afectada por las inundaciones.
Rosales San Román agregó que la situación resulta especialmente preocupante debido a que la temporada de lluvias ya comenzó y persisten problemas de infraestructura que incrementan la vulnerabilidad de algunas zonas. Entre ellos mencionó drenajes obstruidos y puntos que continúan registrando acumulación de agua durante las precipitaciones.
Asimismo, señaló que, para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto asignado a la Secretaría de Protección Civil se mantiene prácticamente sin cambios respecto al año anterior, con alrededor de 94 millones de pesos, pese a los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos en diversos municipios del norte del estado.
La diputada sostuvo que también existen interrogantes respecto al paquete de apoyo anunciado para la reconstrucción regional, ya que dentro del Presupuesto de Egresos no se identifica una asignación específica destinada a ese propósito.
En su análisis sobre la emergencia, recordó que antes de las inundaciones existían pronósticos y alertas emitidas por el Sistema Meteorológico Nacional, por lo que consideró que una mejor coordinación preventiva pudo haber reducido parte de las afectaciones registradas en octubre pasado.
Entre los aspectos que mencionó se encuentran las dificultades que enfrentaron cientos de familias durante los momentos más críticos de la contingencia, cuando numerosas personas permanecieron aisladas por horas e incluso días debido al aumento del nivel del agua y a las fallas en las comunicaciones.
La legisladora también consideró que la respuesta institucional durante la emergencia fue insuficiente frente a la magnitud de los daños reportados en la cabecera municipal y las comunidades rurales. A su juicio, hubo una percepción equivocada sobre la gravedad de la situación mientras miles de habitantes enfrentaban inundaciones en viviendas, calles y caminos.
Mientras tanto, habitantes de las zonas afectadas continúan esperando obras de rehabilitación y acciones preventivas que reduzcan el riesgo de nuevas afectaciones. A ocho meses de la tragedia, la reconstrucción sigue siendo una demanda pendiente para quienes aún resienten las consecuencias de uno de los eventos más severos registrados en la región.