Defensores del exgobernador Javier Duarte de Ochoa abrieron la posibilidad de devolverle la libertad a su cliente, toda vez que ya cumplió la mitad de su condena de nueve años.
Esto, dado el beneficio que ofrece el haber sido sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; observó el abogado penalista Rodolfo Reus Medina.
En caso de que surta efecto la estrategia de sus abogados, en abril del 2026 estaría recobrando su libertad el exgobernador de Veracruz.
Precisó que Javier Duarte ha cumplido más de la mitad de su sentencia, y al ser el primer delito cometido, podría solicitar el beneficio de una libertad anticipada, independientemente de que está enfrentando un proceso por desaparición forzada.
Recordó que el exgobernador de Veracruz se apegó a un procedimiento abreviado aprobado por la Fiscalía General de la República, mediante el cual reconoció su culpabilidad y por eso se le redujo la sentencia a 9 años.
Una vez cumplida esa sentencia, podría obtener su libertad, salvo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz le ejecute una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
En ese sentido, Rodolfo Reus Medina comentó que su abogado Pablo Campuzano de la Mora ya está preparando la defensa de Duarte de Ochoa, consiguiendo datos y medios de prueba.
“El delito de desaparición forzada, no hay que olvidar que es de lesa humanidad y está muy penado en el estatuto de Roma, del cual México forma parte y las penas son muy elevadas, y hay muchas modalidades, y la que se le acusa a Duarte no es de las más graves”, agregó.
En cuanto a la situación legal de la exesposa de Javier Duarte y expresidenta del DIF Estatal de Veracruz, Karime Macías Tubilla, el abogado Rodolfo Reus Medina recordó que su solicitud de extradición fue autorizada, pero aún se le dará el derecho de audiencia.
En ese sentido, estimó que conforme a los periodos legales del Reino Unido, podría estarse avalando por completo la extradición durante los meses de mayo o junio, y en ese momento sería traída a México para hacer frente a los delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude al sistema fiscal mexicano.
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