La Comisión abrirá expediente a Polonia por la reforma que politiza la justicia en la que establece, entre otras cosas, el nombramiento directo de jueces del Supremo por el Parlamento del país.
Europa se dispone a adoptar las primeras medidas concretas contra los excesos autoritarios de Polonia. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abrirá un procedimiento de infracción contra el Gobierno polaco si no retira la reforma que coloca al poder judicial bajo control político. Además de esa medida, el Ejecutivo comunitario alerta de que está “cada vez más cerca” de apretar el llamado botón nuclear de la UE: la activación del proceso que puede acabar suspendiendo los derechos de voto de Polonia en el seno comunitario.
El gigante del Este —séptima economía de la Unión Europea— se ha convertido en la principal amenaza a las normas comunitarias. Polonia se encamina hacia la dictadura sin que la Comisión Europea, garante de las reglas de la UE, tenga claro cómo impedirlo. Tras casi dos años de advertencias por los incumplimientos sistemáticos del Estado de derecho, Bruselas ha decidido abrir un procedimiento de infracción por la última reforma judicial que ha puesto en marcha el Ejecutivo ultranacionalista polaco. La UE no tiene dudas de sus efectos. “Estas leyes abolirán cualquier rastro de independencia judicial. El poder judicial estará a merced de los líderes políticos”, ha advertido el número dos de la Comisión Europea, el vicepresidente Frans Timmermans.
La reforma, desplegada en cuatro leyes, otorga al Parlamento la potestad de nombrar a los jueces del órgano de gobierno judicial del país, acorta prematuramente sus mandatos y rebaja la edad de jubilación de los jueces ordinarios (con la posibilidad de que el ministro de justicia pueda prolongarla en función de criterios poco definidos). Además, faculta al mismo ministro para designar y destituir a los presidentes de los tribunales sin alegar motivos. Respecto al Tribunal Supremo, los jueces actuales acabarán bruscamente su mandato y será también el ministro quien elija a sus sucesores. Bruselas sostiene que la norma no solo vulnera el Estado de derecho en que se basa la UE, sino también la propia Constitución polaca.
El Ejecutivo comunitario tiene previsto abrir formalmente el procedimiento el próximo miércoles, tras haber debatido hoy por primera vez las medidas durante el colegio de comisarios. Timmermans ha alegado que formalmente las leyes aún no están en vigor (solo una de ellas) y que hay que esperar los textos definitivos para contestarlos jurídicamente (también para contemplar la remota posibilidad de que la reforma se retire). El procedimiento de infracción tiene la ventaja de que no requiere la aprobación del resto de Estados miembros y puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. Pero su gran desventaja es que se trata de un proceso ordinario para un caso absolutamente extraordinario de vulneración de los usos democráticos.