La gestión del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se someterá al escrutinio de la LXV Legislatura del Estado, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.
“Hay que aclarar las cuentas púbicas, cómo dejó también el antiguo titular del Orfis, en este caso, Portilla cómo dejó las cosas, nada más”, indicó, en alusión a la gestión de Lorenzo Portilla como encargado de la fiscalización de los entes públicos en el estado de Veracruz.
Lo anterior luego de las polémicas acciones de Portilla Bonilla en busca de la continuidad en el cargo principal del Orfis.
Estas incluyen la formulación de denuncias contra exfuncionarios del Poder Ejecutivo.
Esto sumado a la inversión millonaria al ente, pero con escasos resultados.
De acuerdo con información del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), del año 2013 a la fecha se ha recuperado un total de mil 617 millones de pesos que habían sido malversados en las cuentas públicas del 2013 al 2017.
No obstante, en el periodo de 7 años, en total se ha destinado un presupuesto para el organismo de mil 243 millones 541 mil 882 pesos.
Además, aseguró que “no le temblará la mano” para denunciar a los ayuntamientos que no puedan solventar el presunto daño patrimonial que fue detectado en la cuenta pública de 2018.
Dijo que como legislador no tiene compromiso con ningún funcionario municipal e insistió que se tendrá que castigar conforme lo marca la ley a quienes hicieron un mal uso de los recursos públicos.
“A mí no me tiembla la mano, y gracias a Dios así les digo, yo no tengo compromiso con ningún alcalde, con ninguno, no acepto chantajes de ningún alcalde”.
Agregó que las cuentas públicas no serán “palomeadas” y mucho menos negociadas con otros diputados a cambio de votar a favor de iniciativas o acciones que envíe el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Congreso del Estado.
Cabe destacar que en el reporte de la Cuenta Pública 2018 que entregó el Orfis al Congreso del Estado se reportó que 125 municipios tienen un presunto daño patrimonial de más de 329 millones de pesos.
Se trata de alcaldes de Morena, PAN, PRD, PVEM, PRI e independiente, los que cuentan con las observaciones y que deben de solventar.