En el camino hacia las elecciones más grandes en la historia de México, los analistas e investigadores advierten que la violencia del crimen organizado se intensificará y se dirigirá especialmente contra candidatos y sus equipos de campaña.
Se sugiere que el crimen, que ya tiene profundas raíces y alianzas con políticos en los estados, buscará mantener o establecer nuevas colaboraciones. Basándose en estudios cualitativos y métricos, expertos políticos e investigadores afirman que los grupos delictivos están ejerciendo su influencia en la vida pública de las entidades, afectando el ascenso o la permanencia en el poder de aquellos aliados que facilitan la expansión de sus actividades.
Los datos del proyecto de investigación «Votar entre balas» revelan que desde 2018 hasta la fecha actual en 2024, se han registrado mil 546 ataques de violencia criminal dirigidos contra candidatos o personas relacionadas con sus aspiraciones. Estos ataques incluyen amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros. Hasta noviembre de 2023, un total de 12 candidatos fueron asesinados desde las pasadas elecciones federales.
Aunque esta cifra puede no parecer elevada, Itxaro Arteta, vocera de la iniciativa de la ONG Data Cívica, señala que este sector, junto con precandidatos, funcionarios y equipos de campaña a nivel municipal, son el grupo más afectado, con un 82% de incidencia.
«Tenemos razones para preocuparnos por las futuras elecciones. No solo se trata de asesinatos, sino de diferentes tipos de agresiones que han aumentado durante los periodos electorales, y la tendencia indica que seguirán incrementándose en puestos locales donde el crimen organizado tiene pactos previos o motivos de control», explica Arteta Monteagudo.
Durante la penúltima semana de diciembre y los primeros días de enero, se registraron cuatro homicidios de precandidatos y aspirantes. Aunque aparentemente no representan un volumen masivo, constituyen una tercera parte del total de asesinatos ocurridos en seis años.
El análisis sugiere que los ataques tienden a ocurrir durante reacomodos de poder y transiciones, lo cual puede resultar paradójico. Cambiar al partido en control implica renovar el pacto existente con el crimen organizado o colocar a alguien que mantenga esa conexión.
En 2018, los equipos de los candidatos fueron el grupo más afectado por las agresiones, y en las elecciones intermedias de 2021, también lo fueron. Esto sugiere que en 2024 podrían enfrentar desafíos similares, no solo debido al número de puestos en juego, sino también por despliegues militares, situaciones de violencia generalizada y la falta de atención del gobierno federal a este problema.
El analista político José Antonio Crespo destaca que las consecuencias habituales de estos crímenes son que los candidatos abandonen sus intenciones debido al riesgo, o que se vean obligados a pactar con la delincuencia. Crespo Mendoza sugiere que el crimen organizado tiene vínculos con policías y autoridades, y su tarea consiste en evaluar qué candidato cooperará, cuál seleccionarán y en intimidar a quienes se nieguen a participar.
En este contexto, el reto para las elecciones del 2 de junio, donde se elegirán 19,634 cargos, es garantizar la seguridad de los candidatos y sus equipos. Aunque hay un gran despliegue de fuerzas de seguridad, se destaca que este no garantiza su eficacia. Se aboga por abrir el debate para proporcionar seguridad a todos los cargos públicos, no solo a los presidenciales.
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