Es el caso de prisión preventiva de una persona en prisión que ganó un amparo.
Poza Rica, Ver.- Una persona que permanece desde hace 12 años en prisión preventiva en el penal de Poza Rica, acusada presuntamente por el delito de secuestro, obtuvo un amparo federal para la variación de su medida cautelar; sin embargo, la jueza local María Leticia García Ochoa presuntamente se ha negado a acatar dicha resolución judicial.
De acuerdo con el abogado defensor, la juzgadora, quien actualmente ostenta la titularidad del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Poza Rica, fue apercibida por la Jueza Décimo Primera de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, dentro del juicio de amparo 420/2024.
El recurso de amparo fue promovido con el objetivo de proteger los derechos de la persona privada de la libertad, ante la prolongada permanencia en prisión preventiva sin que se haya definido de manera definitiva su situación jurídica.
Pese a ello, según la defensa, García Ochoa no ha dado cumplimiento a la resolución emitida por la autoridad federal, lo que podría derivar en consecuencias legales severas, incluida su posible separación del cargo.
“Sabemos que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”, señaló el abogado defensor.
Asimismo, indicó que la jueza no ha demostrado haber cumplido debidamente con la ejecutoria, particularmente en lo relacionado con la modificación de la medida cautelar que mantiene a la persona privada de su libertad.
“Se está negando a variar la medida cautelar que mantiene ilegalmente privada de su libertad por más de 12 años a una persona acusada por el delito de secuestro, pese a los lineamientos que fueron ordenados por la autoridad federal”, sostuvo.
La persona beneficiada con el amparo enfrenta la causa penal 43/2018, expediente que forma parte del índice del juzgado encabezado por García Ochoa.
Cabe destacar que María Leticia García Ochoa es licenciada en Derecho y cuenta con experiencia laboral como secretaria de acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba.
El caso ha generado atención por las implicaciones jurídicas que representa el presunto desacato a una resolución federal, especialmente en un contexto donde la prisión preventiva prolongada continúa siendo objeto de debate en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.