Ahora pedirán factura: CFDI de compraventa con las características de la unidad vehicular.
POZA RICA, VER.- Si adquirió un vehículo usado antes de 2026 y planea regularizar sus placas este año, tome en cuenta que ya no bastará con el endoso de la factura: ahora es requisito indispensable presentar un acta notarial donde declare, bajo protesta de decir verdad, las circunstancias de la compra.
Este documento es clave para obtener los descuentos de hasta el 50% en el canje de placas que ofrece el nuevo “Programa de Ordenamiento Vehicular Obligatorio 2026”, establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). De acuerdo con las reglas de operación del programa, existe una distinción fundamental en la documentación aceptada como “Comprobante de Propiedad”, dependiendo de la fecha en que se realizó la compraventa del vehículo.
ENAJENACIONES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2026
Si adquirió su vehículo antes de esta fecha y no cuenta con la factura original, o requiere formalizar el cambio de propietario, la autoridad estatal exige ahora un instrumento notarial.
En este documento, el adquiriente deberá declarar bajo protesta de decir verdad la fecha aproximada de adquisición, detallar las circunstancias de la operación y la forma en que adquirió la posesión, además de asumir expresamente la responsabilidad fiscal y administrativa derivada del uso, tenencia y propiedad del vehículo.
ENAJENACIONES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026
Para operaciones nuevas, se exigirá estrictamente el CFDI de compraventa con las características de la unidad y su respectivo archivo XML.
¿ENGORRO BUROCRÁTICO O MAYOR SEGURIDAD?
Aunque esta medida busca dar certeza jurídica al padrón vehicular en Veracruz, los ciudadanos ya se han quejado de la burocracia que esto representa. “Sale más caro el caldo que las albóndigas… ni en Estados Unidos o Japón la piden”, señaló un usuario.
Varios contribuyentes ven esta acta notariada como un traspié para poder ponerse al corriente con sus adeudos y portar las placas nuevas. Hay que apuntar que, en casos de pérdida o extravío de la factura original, además de la constancia ante la Fiscalía, será indispensable presentar también una información testimonial ante notario público.
Todo esto vendría a complicar la venta de automóviles; muchos ciudadanos ahora tendrán que enfrentarse al reto de expedir una factura por el vehículo que pretendan vender. Al imponer este requisito, el Gobierno del Estado no solo transfiere la responsabilidad de la validación documental a los particulares, sino que añade un costo económico extra a un trámite que, de origen, ya representa una carga para el bolsillo del contribuyente.
Para muchos propietarios de vehículos de modelos anteriores —cuyas transacciones históricamente se han basado en la buena fe y el endoso de facturas—, el costo de los honorarios notariales podría neutralizar los beneficios de los subsidios del 50 % anunciados por la SEFIPLAN. Lejos de incentivar la salida de la informalidad, esta barrera burocrática podría convertirse en un freno para miles de unidades que circulan con documentación irregular, perpetuando el mismo rezago que el decreto pretende combatir.
