Fuentes al interior del gobierno revelaron el estado que mantiene la empresa hoy en día.
Desde enero hasta marzo de este año, el ayuntamiento de Poza Rica ha dejado de pagar a DISCRICAR por los servicios de recolección de residuos, ante la carencia de permisos ecológicos y sanitarios necesarios para su funcionamiento, lo que significa que están operando al margen de la ley.
La concesionaria, ante esta falta de cumplimiento, está infringiendo las leyes ambientales y administrativas, además de carecer de un contrato actualizado por parte del ayuntamiento.
Es importante señalar que DISCRICAR comenzó sus operaciones el 20 de junio de 2023, tras recibir un contrato para los servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos generados en Poza Rica.
Sin embargo, dicho contrato venció el 31 de diciembre del mismo año y al inicio de este año no se ha renovado debido a la falta de permisos legales.
Llama la atención que tanto el gerente de Operaciones, Jesús Solís, como el coordinador de Operaciones, Jorge Reséndiz, no hayan dado explicaciones ni hayan manifestado su postura, actuando como si hubieran llegado a «acuerdos» en secreto con autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), a cargo de Juan Carlos Contreras Bautista, y la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz (PMA), liderada por Sergio Rodríguez Cortés. Además, se han recibido numerosas quejas ciudadanas debido a los derrames de lixiviados que ocurren cuando las unidades de DISCRICAR circulan por la ciudad.
Estos vehículos, que carecen de los accesorios necesarios para evitar la filtración de líquidos, dejan suciedad y malos olores en el centro de la ciudad y sus alrededores.
Mientras tanto, son los habitantes de Poza Rica quienes pagan las consecuencias de estas irregularidades, que parecen pasar desapercibidas para las autoridades.
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