La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 137VG/2023, solicitando una disculpa pública por la violencia política sufrida por los miembros del Partido Demócrata Pozarricense y trabajadores de PEMEX en 1958. Según el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, la recomendación se relaciona con la represión conocida como la Matanza de «Los Goyos», perpetrada durante las protestas por un fraude electoral en la elección del Presidente Municipal.
La CNDH recibió quejas de violaciones a derechos humanos de siete personas, luego de otras 13 personas. En marzo de 2023, se presentó una queja que señalaba posibles violaciones graves a derechos humanos en octubre de 1958 en Poza Rica. Tras la investigación, se confirmaron violaciones a la vida, desaparición forzada, violación al derecho a la seguridad jurídica y a la integridad personal de varias personas, atribuidas a entidades como la DFS, SEDENA, PEMEX, PJEV y el Ayuntamiento de Poza Rica. La CNDH destacó que el movimiento «Los Goyos» fue reprimido sistemáticamente por representar un riesgo para los grupos de poder.
Se inició un expediente que documenta violaciones a los derechos humanos contra militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Pozarricense y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Se recomendó a varias entidades, incluyendo SEGOB, SEDENA, FGEV, PEMEX y el Ayuntamiento de Poza Rica, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública. Este acto debe cumplir con estándares internacionales y difundirse en medios nacionales y sitios web oficiales. Se instó a preservar sitios de memoria, como la «Plaza Juárez», creando un memorial. También se solicitó colaboración en la denuncia ante la Fiscalía General de la República y la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de las Víctimas para su reparación integral.
Se recomendaron cursos formativos para el personal de SEDENA y PEMEX sobre la historia reciente, específicamente los casos mencionados. El Ayuntamiento de Poza Rica deberá brindar apoyo psicológico y tanatológico a familiares de víctimas y considerar cambios de nomenclatura o desmonte de monumentos relacionados con perpetradores señalados. En resumen, la CNDH busca justicia, memoria y reparación integral para las víctimas de violencia política en el periodo de 1958 a 1966.
